Paola Retamal destacó los recientes pronunciamientos del organismo fiscalizador que limitan la promoción personal con recursos públicos y entregan herramientas clave para la labor de los concejos municipales.
La concejala de la comuna de Carahue, Paola Retamal, destacó que la Contraloría General de la República ha venido consolidando una importante jurisprudencia destinada a resguardar la probidad administrativa, la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos en el manejo de las redes sociales por parte de las autoridades municipales.
El origen de esta línea jurídica se remonta al año 2025, cuando la concejala de Carahue presentó una denuncia ante la Contraloría Regional de La Araucanía por eventuales irregularidades del alcalde de dicha comuna, Helmuth Martínez. En específico, se acusó la difusión de información oficial en la cuenta personal de la autoridad antes de ser publicada por los canales institucionales, y el uso de material audiovisual elaborado por funcionarios municipales para fines particulares.
A través de un oficio del 17 de marzo del año 2026, el órgano fiscalizador comprobó los hechos y ordenó que estas prácticas no vuelvan a repetirse, constituyendo uno de los primeros precedentes sobre la materia.
El caso de Huechuraba y el nuevo precedente nacional
Esta postura se profundizó a nivel nacional mediante un dictamen emitido el 7 de julio del año 2026. Este pronunciamiento tuvo su origen en una denuncia contra el alcalde de Huechuraba por asociar la implementación de servicios municipales con promesas de su campaña electoral en sus redes privadas.
Al respecto, la Contraloría concluyó que no corresponde atribuir personalmente la ejecución de obras edilicias ni vincular la gestión institucional con compromisos de campaña, ya que esto vulnera el principio de probidad al presentar como un logro personal lo que pertenece a la municipalidad. En consecuencia, se ordenó a la autoridad abstenerse de realizar este tipo de publicaciones.
Herramientas para la fiscalización de los concejos municipales
Ambos dictámenes dejan en claro que la gestión municipal pertenece a la municipalidad y establecen criterios clave que sirven como una guía práctica de fiscalización para los concejales del país:
Por tanto, los logros o avances de la comuna deben difundirse primero en canales oficiales. Las autoridades pueden compartirla después, pero jamás anticiparse.
Uso de recursos: Está prohibido utilizar funcionarios, fotografías, videos, equipos o colgar registros en horario de trabajo para fortalecer redes personales.
Imagen pública: Las obras y programas no pueden presentarse como logros individuales ni vincularse a promesas electorales.
«La Contraloría General de la República ha entregado un mensaje claro para todos los municipios de Chile: los recursos públicos, la información institucional y la gestión municipal pertenecen a la comunidad, no a una autoridad en particular», dijo la concejala por Carahue, Paola Retamal.