Tardía reacción del Gobierno ante el caso de Julia Chuñil

En un contexto de creciente movilización social, el clamor por #JusticiaParaJuliaChuñil se intensifica, exigiendo respuestas inmediatas y acciones concretas para esclarecer este crimen que ha conmocionado a Chile.

Hoy, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió por primera vez de manera oficial al caso de Julia Chuñil, la dirigenta mapuche y defensora ambiental desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024 en Máfil, Región de Los Ríos.

En un punto de prensa, Vallejo expresó la “preocupación” del Ejecutivo, exigió celeridad al Ministerio Público en la investigación y envió solidaridad a la familia, afirmando que “dónde está Julia Chuñil es una pregunta que el Gobierno también se hace en este momento”.

Sin embargo, esta declaración llega casi un año después de la desaparición y días después de la filtración de un audio explosivo que ha conmocionado al país, evidenciando una tardía respuesta del Gobierno frente a un caso de extrema gravedad.

Julia Chuñil, presidenta de la Comunidad Indígena de Putreguel y reconocida por su lucha contra la deforestación, desapareció junto a su perro Cholito, tras salir a buscar animales en un predio en disputa.

La reciente filtración de un audio, donde el empresario Juan Carlos Morstadt supuestamente confiesa haber “quemado” el cuerpo de la activista, desató indignación nacional y movilizaciones en Valdivia, Pichilemu y otras ciudades.

Organizaciones indígenas, feministas, ambientales y de Derechos Humanos han exigido justicia, mientras la familia de Chuñil, representada por la abogada Karina Riquelme, ha calificado la revelación como una “verdad brutal” tras meses de búsqueda sin respuestas.

La demora del Gobierno de Boric en pronunciarse oficialmente ha generado críticas por la falta de prioridad hacia un caso que involucra violaciones a los Derechos Humanos y la protección de defensores ambientales mapuches.

Aunque Gabriel Boric mencionó el caso en diciembre de 2024, durante el Día de los Derechos Humanos, ordenando reforzar la investigación, la ausencia de avances concretos y la tardía reacción tras la filtración del audio han intensificado las acusaciones de negligencia. “Es inaceptable que una dirigenta mapuche desaparezca y el Gobierno demore tanto en asumir un rol activo y visible en la búsqueda de justicia”, señaló un representante de la Coordinadora por los Derechos Humanos en Los Ríos.

La investigación, liderada por la Fiscalía de Los Ríos con apoyo de la PDI, ha sido cuestionada por su lentitud, y la filtración del audio ha generado una causa paralela por fuga de información. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha exigido al Estado redoblar esfuerzos, y el Congreso citó al fiscal regional Jorge Valencia para un informe detallado.

La familia de Julia ha convocado a una marcha nacional el 8 de noviembre, demandando verdad y justicia.

La tardanza del Gobierno en abordar públicamente este caso refleja, para muchos, una falta de compromiso con los derechos de las comunidades indígenas y los defensores del medio ambiente.

En un contexto de creciente movilización social, el clamor por #JusticiaParaJuliaChuñil se intensifica, exigiendo respuestas inmediatas y acciones concretas para esclarecer este crimen que ha conmocionado a Chile.

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