Bajo el gobierno de Javier Milei, Argentina avanza hacia la privatización de servicios esenciales, con Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) como uno de los principales objetivos.
La propuesta, que busca transferir el 90 por ciento de las acciones de la empresa estatal al sector privado, refleja un modelo económico que prioriza la desregulación y la reducción del Estado, evocando cada vez más el sistema chileno, donde servicios vitales como el agua, la salud y las pensiones, están en manos privadas.
La privatización de AySA, incluida en la Ley Bases aprobada en junio de 2024, se presenta como una medida para modernizar el servicio y mejorar su eficiencia, según el gobierno.
Milei argumenta que el sector privado es más eficiente, citando el precedente de Aguas Argentinas, privatizada en los años 90. Sin embargo, esta experiencia dejó lecciones amargas: si bien inicialmente amplió el acceso al agua, también trajo tarifazos, subinversión en infraestructura y cortes de servicio a usuarios que no podían pagar, afectando a sectores vulnerables.
Este rumbo genera preocupación, porque Argentina comienza a parecerse al modelo chileno, donde el agua, gestionada por empresas privadas, se ha convertido en un negocio lucrativo.
En Chile, la privatización del agua, iniciada durante la dictadura de Pinochet, ha resultado en tarifas elevadas y desigualdades en el acceso, especialmente en zonas rurales y comunidades de bajos ingresos.
La mercantilización de un recurso esencial ha sido objeto de críticas y protestas, como las de octubre de 2019, que señalaron cómo los servicios básicos se han transformado en fuentes de ganancia en detrimento del bienestar social. En Argentina, la privatización de AySA podría seguir un camino similar.
Voces críticas, principalmente en sectores de la oposición advierten que el agua, un derecho humano fundamental, podría convertirse en un lujo para quienes puedan pagarlo, dejando a cientos de miles de hogares en riesgo de exclusión. Además, la falta de regulación efectiva y la inestabilidad económica podrían agravar los problemas, como ocurrió en los 90 con Aguas Argentinas.
El plan de Milei no se limita al agua. La privatización de empresas como Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos indica una apuesta por un modelo donde los servicios esenciales se transforman en mercancías al servicio del lucro privado. Este enfoque, que recuerda al Chile de las últimas décadas, despierta temores sobre la pérdida de soberanía sobre recursos vitales y el impacto en los sectores más vulnerables.
Mientras el gobierno insiste en que la privatización traerá eficiencia y modernización, la experiencia chilena y los antecedentes argentinos invitan a cuestionar si el acceso equitativo al agua seguirá garantizado o si, como en Chile, se consolidará como un negocio en manos de privados, alejado de su carácter de derecho humano.