Se supo de nuevos casos de liberaciones indebidas de reos en Copiapó, La Serena y Temuco, sumados a la reciente fuga de tres homicidas en Valparaíso.
Gendarmería de Chile enfrenta una escalada en su crisis institucional tras revelarse nuevos casos de liberaciones indebidas de reos en Copiapó, La Serena y Temuco, sumados a la reciente fuga de tres homicidas en Valparaíso.
Estos incidentes han derivado en la remoción del director regional de Atacama, coronel Ervin Wandersleben, la apertura de múltiples sumarios administrativos y una creciente preocupación por la seguridad penitenciaria, con señalamientos de una institución “sobrepasada e infiltrada” por el crimen organizado.
En Copiapó, un reo fue liberado por error tras cumplir una condena menor, ignorando una sentencia pendiente de 541 días por receptación.
En La Serena, un imputado con prisión preventiva por microtráfico y tenencia de celular quedó en libertad debido a una “revisión desprolija” de órdenes judiciales.
En Temuco, un fallido operativo permitió que un reo accediera a la vía pública el 12 de julio, desoyendo instrucciones judiciales.
El director nacional subrogante, Rubén Pérez, anunció medidas drásticas: en Atacama, Wandersleben fue destituido; en La Serena, se suspendieron funcionarios y se designará un nuevo director la próxima semana; en Temuco, un sumario está en etapa de formulación de cargos. Además, se presentaron denuncias al Ministerio Público y se implementarán auditorías sorpresivas, capacitaciones obligatorias y sistemas de verificación cruzada para evitar futuros errores.
A estos casos se suma la polémica liberación de Osmar Ferrer, presunto sicario del “Rey de Meiggs”, el 10 de julio, tras una confusa cadena de órdenes judiciales. Gendarmería defendió su actuación, argumentando que acató una orden de libertad autenticada, pero inició un sumario interno para revisar el procedimiento. Siete funcionarios están imputados por este caso, según el fiscal Pastén.
Por si fuera poco, el 14 de agosto se reportó la fuga de tres homicidas desde el Centro Penitenciario de Valparaíso mediante un “canopy” con ayuda externa, intensificando las críticas hacia Gendarmería.
Expertos y autoridades, como la exsubsecretaria Lorena Fries, señalan una “crisis estructural” que facilita la operación del crimen organizado desde las cárceles, con más de 7 mil sumarios abiertos contra gendarmes en los últimos cinco años por irregularidades como tráfico de drogas, ingreso de celulares, abusos y extorsiones.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, calificó los hechos como “inaceptables” y destacó la necesidad de fortalecer los protocolos de Gendarmería, una institución que, según él, no ha sido suficientemente reforzada frente al auge del crimen organizado. Mientras tanto, la Contraloría investiga la presunta omisión de nombres en sumarios relacionados con licencias médicas, lo que agrava las sospechas de corrupción interna.
Con 3 mil 869 sumarios administrativos pendientes a fines de 2024, equivalente al 20 por ciento de la dotación de Gendarmería, y casos que datan incluso de 2006, las acusaciones de “corrupción interna” y falta de fiscalización resuenan con fuerza. Gendarmería enfrenta un momento crítico, con la urgencia de implementar reformas profundas para restaurar la confianza y garantizar la seguridad pública.