La falta de una resolución definitiva sobre estas concesiones sigue siendo un punto de controversia en la gestión de Boric, alimentando el debate sobre la coherencia entre su discurso ecologista y las políticas implementadas.
El gobierno de Gabriel Boric, que se autodefine como ecologista y comprometido con la protección ambiental, enfrenta críticas por la persistencia de 27 concesiones salmoneras en los parques nacionales Laguna San Rafael, Isla Magdalena y Alberto de Agostini, ubicados en el corazón de la Patagonia chilena.
Según la campaña Defendamos Patagonia, estas concesiones van desde 19 en el Parque Nacional Alberto de Agostini, cuatro en Laguna San Rafael y cuatro en Isla Magdalena, y han sido denunciadas como ilegales por violar la normativa que prohíbe actividades industriales en áreas protegidas.
A pesar de su discurso ecologista, el gobierno de Boric no ha avanzado en la eliminación definitiva de estas concesiones, optando en cambio por priorizar su relocalización.
En diciembre de 2023, se firmó un acuerdo con las empresas AquaChile y Cooke Aquaculture para reubicar nueve de estas concesiones, una medida que ha generado cuestionamientos por parte de ambientalistas y comunidades indígenas.
¡Es una Vergüenza nacional!
— ❗️Defendamos Patagonia❗️ (@DefendamsChiloe) August 24, 2025
El gobierno de Gabriel Boric y su ministra Maisa Rojas, autoproclamados campeones del medioambiente, sostienen 27 concesiones salmoneras en parques nacionales como Laguna San Rafael, Isla Magdalena y De Agostini, en el corazón de la patagonia.
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Estos grupos argumentan que, en lugar de permitir la reubicación, las concesiones deberían caducar debido a su incumplimiento legal, exigiendo una acción más contundente para proteger la biodiversidad de la Patagonia.
Esta situación pone en entredicho el compromiso ambiental del gobierno, que se presenta como defensor del medioambiente, pero enfrenta presiones para equilibrar intereses económicos y la conservación de ecosistemas únicos.
La falta de una resolución definitiva sobre estas concesiones sigue siendo un punto de controversia en la gestión de Boric, alimentando el debate sobre la coherencia entre su discurso ecologista y las políticas implementadas.