Un juez federal dictó una medida cautelar que prohíbe la difusión de los audios en cualquier medio de comunicación (escrito, audiovisual o redes sociales) y en todas las plataformas digitales, bajo apercibimiento de sanciones.
Un nuevo capítulo en la polarización política de Argentina se desató tras la filtración de audios atribuidos a Karina Elizabeth Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, grabados en la Casa Rosada.
La respuesta del régimen, que incluye una medida cautelar para prohibir su difusión y allanamientos a periodistas, ha generado críticas que señalan un acercamiento del Ejecutivo a prácticas dictatoriales, en un contexto de alta tensión electoral.
Los audios y su impacto
El 29 de agosto pasado, el canal de streaming Carnaval, propiedad del empresario Pablo Toviggino, difundió un breve clip de audio grabado en la Casa de Gobierno, donde se escucha a Karina Milei hablar sobre la necesidad de «unidad» en el espacio libertario y quejarse de cuestiones organizativas internas. El Gobierno calificó estas grabaciones como parte de una «operación de inteligencia ilegal» destinada a desestabilizar al presidente Milei en vísperas de las elecciones en Buenos Aires (7 de septiembre) y las legislativas nacionales de octubre. Los audios también se vinculan a un escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo-Argentina, lo que amplifica su relevancia.
Respuesta del Gobierno: Censura y allanamientos
Este 1 de septiembre, el juez federal Alejandro Patricio Maraniello dictó una medida cautelar que prohíbe la difusión de los audios en cualquier medio de comunicación (escrito, audiovisual o redes sociales) y en todas las plataformas digitales, bajo apercibimiento de sanciones. La orden, solicitada por el régimen de Milei, se limita a los audios grabados en la Casa Rosada y anunciados el 29 de agosto.
El Ejecutivo, a través del vocero Manuel Adorni, celebró el fallo como una defensa contra el «espionaje ilegal», argumentando que la grabación constituye una violación grave a la privacidad institucional.
Además, el régimen impulsó allanamientos a domicilios de figuras clave, incluyendo los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, el empresario Toviggino y el abogado Franco Bindi, con el objetivo de incautar material relacionado con las grabaciones. El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) fue notificado para bloquear la circulación de los audios en línea, intensificando las medidas de control.
Así parten los noticieros en Argentina a esta hora.
— Bot Checker 🤖 (@BotCheckerCL) September 1, 2025
Acusando CENSURA del régimen de Javier Milei.
Por orden judicial se prohibió a los medios y periodistas informar sobre las coimas del gobierno.
Un grave atentado a la libertad de expresión en Latinoamérica.#CensuraPrevia pic.twitter.com/Ok71XuEijL
Críticas: ¿Un paso hacia la dictadura?
La respuesta oficial ha desatado una ola de críticas desde la oposición, organizaciones de prensa y sectores de la sociedad civil, que denuncian un intento de censura que amenaza la libertad de expresión y el derecho a la información. Periodistas como Jorge Rial han calificado la medida como un ataque al periodismo de investigación, especialmente en un contexto electoral donde la transparencia es crucial. Organizaciones de prensa advierten que la prohibición de difundir los audios, sumada a los allanamientos, establece un precedente alarmante que recuerda prácticas autoritarias de dictadura.
En redes sociales, particularmente en X, el debate es encendido: mientras algunos apoyan al régimen, argumentando que protege la seguridad nacional, otros lo acusan de instaurar una «dictadura encubierta» al silenciar información de interés público. Especialistas en derecho constitucional han señalado que la medida cautelar, aunque legalmente fundamentada en la protección de la privacidad institucional, podría interpretarse como un abuso de poder para ocultar escándalos que involucran al entorno más cercano al presidente.
Un contexto políticamente sensible
La filtración de los audios se produce en un momento de alta tensión política, con el Gobierno enfrentando acusaciones de corrupción en la ANDIS y presiones internas en el espacio libertario. La decisión de censurar los audios y perseguir a los involucrados en su difusión refuerza la percepción de que el Gobierno de Milei prioriza el control de la narrativa por encima de la transparencia, un rasgo que críticos asocian con regímenes autoritarios.
El escándalo de los audios de Karina Milei y la respuesta del régimen marcan un punto de inflexión en la gestión de Javier Milei. La prohibición judicial de difundir información, junto con los allanamientos a periodistas y empresarios, alimenta temores de una deriva autoritaria que pone en riesgo pilares democráticos como la libertad de prensa. En un año electoral clave, estas medidas no solo intensifican la polarización, sino que plantean interrogantes sobre el compromiso del Ejecutivo con los valores democráticos. La sociedad argentina espera ahora las próximas instancias judiciales, que podrían revertir o consolidar este precedente preocupante.