Detienen a tres de los cuatro funcionarios del Hospital de Osorno acusados de torturar a colega con Trastorno del Espectro Autista (TEA)

Los detenidos, identificados como Rodrigo Reyes Melo, Erardo Gallardo Alarcón y Jhonatan Navarro Guerrero, serán formalizados este viernes 5 de septiembre. La PDI continúa las diligencias para capturar al cuarto implicado, Jairo Báez Huaiquián, quien aún no ha sido detenido.

La Policía de Investigaciones (PDI) ha detenido a tres de los cuatro exfuncionarios acusados de torturar a un trabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Hospital Base San José de Osorno, según confirmaron fuentes de la Fiscalía y Radio Bío Bío.

Las detenciones, coordinadas por la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, se llevaron a cabo este jueves en el marco de la investigación por el delito de tortura, iniciada de oficio tras la viralización de videos que evidencian los abusos ocurridos entre 2018 y 2020.

Los detenidos, identificados como Rodrigo Reyes Melo, Erardo Gallardo Alarcón y Jhonatan Navarro Guerrero, serán formalizados este viernes 5 de septiembre. La PDI continúa las diligencias para capturar al cuarto implicado, Jairo Báez Huaiquián, quien aún no ha sido detenido.

Los registros audiovisuales muestran actos de extrema crueldad, incluyendo atar, rapar, quemar con vapor y vejar a la víctima, Camilo, quien actualmente reside en Canadá.

El Ministerio de Salud, por su parte, ordenó hoy la destitución inmediata de los cuatro funcionarios, tras un sumario administrativo reabierto en 2024 que inicialmente no había derivado en sanciones. Además, se ha designado un enviado especial al hospital y se entregaron los antecedentes al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

La Contraloría General de la República también está revisando la legalidad del sumario para determinar posibles responsabilidades de las jefaturas.

La fiscal De Miguel enfatizó que los videos no habían sido denunciados previamente por el hospital, lo que llevó a la apertura de esta investigación penal. La sociedad y los gremios de salud exigen justicia y sanciones ejemplares para garantizar que hechos tan graves no se repitan.

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