Debido a la naturaleza de los hallazgos, la Contraloría ha remitido los antecedentes al Ministerio Público para investigar posibles delitos.
La gestión de Johnny Piraino, quien es alcalde de La Calera, Región de Valparaíso, enfrenta uno de sus momentos más críticos tras la confirmación de una suspensión de 30 días y el envío de antecedentes al Ministerio Público.
La medida, dictada por la Contraloría General de la República, surge tras una fiscalización que reveló un desorden administrativo sistemático y el uso indebido de bienes públicos.
La sanción, que rige entre el 16 de enero y el 16 de febrero de 2026, no solo aparta al jefe comunal de sus funciones, sino que incluye una rebaja del 50 por ciento de su sueldo.
A pesar de la gravedad de la medida, se ha informado que Piraino, quien es de la Democracia Cristiana, ha transitado este periodo haciendo uso de licencias médicas y días administrativos, una maniobra que ha generado fuertes cuestionamientos ciudadanos.
El detalle de las irregularidades
La fiscalización puso la lupa sobre tres proyectos clave, “Movimiento de Tierras Espacio Multiuso”, “4 Módulos de Oficina Tipo Container” y “Bacheos Diversos Sectores 2023”. Entre los hallazgos más escandalosos destaca el incumplimiento de especificaciones. En una superficie de 54,76 metros cuadrados, se reemplazó hormigón por asfalto sin ningún informe técnico ni acto administrativo que lo avalara; contratos bajo sospecha. Contraloría detectó inconsistencias y falta de respaldo en contrataciones con dos empresas representadas por una misma persona; según denuncias que forman parte de la investigación, se habría utilizado maquinaria municipal para trabajos en la vivienda particular del alcalde.
Acción judicial en curso
Debido a la naturaleza de los hallazgos, la Contraloría ha remitido los antecedentes al Ministerio Público para investigar posibles delitos. Por su parte, el municipio de La Calera dispone de un plazo de 60 días hábiles para elaborar un informe técnico y financiero que intente fundamentar las modificaciones contractuales que hoy mantienen al alcalde bajo la lupa de la justicia.