El organismo internacional advierte que la medida anunciada por el presidente José Antonio Kast incrementaría la impunidad y contravendría las obligaciones internacionales del Estado de Chile.
Amnistía Internacional emitió una “Acción Urgente” global tras las declaraciones del presidente José Antonio Kast, quien el pasado 12 de marzo de 2026 manifestó la posibilidad de indultar a excarabineros y exmilitares condenados por graves violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el estallido social.
La organización activó su red de presión internacional para exigir que Kast cumpla con los compromisos del Estado en materia de justicia y reparación. El indulto, si bien es una potestad constitucional que permite perdonar total o parcialmente una pena impuesta por sentencia judicial, no elimina el delito cometido, lo que a juicio del organismo, debilitaría los procesos judiciales alcanzados tras años de investigación.
Según datos de la Fiscalía Nacional actualizados a octubre de 2025, de las 11 mil 506 denuncias ingresadas por delitos cometidos por agentes del Estado contra particulares, menos de un 2 por ciento ha logrado una condena tras casi siete años de ocurridos los hechos.
Rodrigo Bustos Bottai, director de Amnistía Internacional Chile, señaló que «indultar a los escasos funcionarios que han sido responsabilizados no solo ampliaría la brecha de impunidad, sino también contravendría las obligaciones internacionales del Estado y debilitaría los procesos de verdad para miles de víctimas y sus familias».
Cómo participar en la red de presión
La “Acción Urgente” consiste en la movilización de miles de personas en todo el mundo que envían comunicaciones directas a las autoridades competentes. En este caso, la organización hace un llamado a la ciudadanía para enviar correos electrónicos a la oficina de la Presidencia de la República (dgcp@presidencia.cl), utilizando el modelo de carta disponible en su sitio web.
Con esta medida, Amnistía Internacional busca evitar que se avance en disposiciones que incrementen la desprotección de los derechos fundamentales y asegurar que se mantenga el respeto a los fallos emitidos por los tribunales de justicia.