Los cargos son genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, por haber participado en el cerco militar que impidió la evacuación de civiles y el acceso a suministros básicos (agua, comida y medicinas), resultando en la muerte de pacientes y personal médico. Si lo ve, avise a la PDI.
La Fundación Hind Rajab (HRF) presentó una denuncia penal ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago contra Rom Kovtun, ciudadano israelí-ucraniano actualmente en Chile, por su presunta participación en genocidio y crímenes de guerra durante el asedio al Hospital Al-Shifa en la Franja de Gaza.
La acción judicial, liderada por el abogado Pablo Araya Zacarías, invoca la Ley 20.357 y el principio de jurisdicción universal. Según la denuncia, Kovtun se desempeñó como francotirador en el 424º Batallón “Shaked” de la Brigada Givati entre marzo y abril de 2024, periodo en el que se documentó la destrucción masiva de un hospital y el hallazgo de fosas comunes.
ATENCIÓN CHILE: Si ven al hombre de la fotografía llamen a la PDI. Se trata de Rom Kovtun, un israelí-ucraniano, que sirvió como francotirador de las FDI en Gaza. Hay una denuncia formal presentada en el 8° Tribunal de Garantía por crímenes de lesa humanidad por ataque a civiles: https://t.co/yoYg3pXKBI
— Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) February 16, 2026
Puntos clave de la denuncia
Los cargos son genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, por haber participado en el cerco militar que impidió la evacuación de civiles y el acceso a suministros básicos (agua, comida y medicinas), resultando en la muerte de pacientes y personal médico.
La HRF solicita el inicio de una investigación formal por parte de la Brigada de Delitos contra los Derechos Humanos (BRIDEHU) y medidas cautelares para impedir la salida de Kovtun del país.
«Chile tiene la obligación legal de garantizar que acusados de crímenes atroces no encuentren refugio en nuestro territorio», afirmó el abogado Araya.
Por su parte, Natacha Bracq, jefa de litigios de HRF, subrayó que el ataque a hospitales constituye una de las violaciones más graves al derecho internacional humanitario.
