Autodefensa y guerrilla rural en La Araucanía: ¿De qué estamos hablando?

Los dichos del ministro de Agricultura, Luis Mayol, y la ofensiva comunicacional de TVN Red Araucanía de los últimos días legitimando la presencia de grupos armados entre los agricultores del sur de Chile, son parte de una estrategia del Estado chileno que busca, mediante la criminalización, desconocer el contenido social y las motivaciones políticas presentes en las reivindicaciones mapuches.

En esta misma lógica, hace unas semanas, el fiscal regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic, utilizaba la expresión “guerrilla rural” para manifestar su preocupación por algunos hechos ocurridos en la comuna de Ercilla, en La Araucanía, los incendios de un buldócer de Forestal Cautín y de una casa patronal en el fundo Santa Catalina de Forestal Mininco S.A.

En opinión del fiscal, ante esta situación, “la única definición posible es una guerrilla rural o como se le llame, pero está causando serios daños a La Araucanía y un temor generalizado en una vasta parte de la población”.

Las al menos desafortunadas palabras del ministro y fiscal regional se enmarcan en esta estrategia de neutralización del creciente desarrollo de una sociedad mapuche que busca reivindicar su condición de nación y constituirse en protagonista de su futuro. Así, en el corto plazo, el Estado chileno contrarresta las diversas muestras de apoyo y de solidaridad hacia las demandas mapuches y favorece y legitima la aplicación de medidas policíacas y judiciales a un conflicto eminentemente político.

En las últimas décadas, el discurso y las acciones mapuches se están trasladando progresivamente desde las históricas demandas de tierra, caminos y sedes, sin que desaparezcan, para centrarlas en reivindicaciones por territorio, revitalización de la lengua y autogobierno. Esto refleja que la lucha mapuche está dando un salto cualitativo.

Como respuesta, las elites gobernantes en Chile han consensuado una política de estado de violencia política. Sólo así se puede entender cómo gobiernos ideológicamente distintos (de la Concertación y de la Alianza) utilizan estrategias similares en su relación con el pueblo mapuche. Al sostener que se emplea la violencia política me refiero a una violencia de tipo estructural, que busca mantener un proyecto de desarrollo. Y en Chile, tal como en otros países, este proyecto se basa en la existencia de una sola nación y en la defensa del modelo económico neoliberal como único garante del desarrollo social y económico.

Para el éxito de esta estrategia, se requieren acciones directas e indirectas. Las primeras se caracterizan por la represión pura y dura (allanamientos y detenciones). Y se complementan con medios más sutiles, pero también defensivos del modelo, como el asistencialismo y el establecimiento de diálogos con actores que legitimen la política del Gobierno de turno.

Dentro de las acciones indirectas de defensa del modelo, las más importantes son los mecanismos institucionales que restringen la posibilidad de la sociedad mapuche -también de amplios sectores de la sociedad chilena- de acceder a puestos de poder (Ley de Partidos Políticos, sistema electoral binominal y centralismo excesivo), para representar mejor los intereses colectivos.

Solo matices separan a los gobiernos de la Concertación y de la Alianza al momento de abordar la situación mapuche. El Gobierno de Ricardo Lagos, por ejemplo, impulsó su política del “nuevo trato” (en la práctica fue el mismo maltrato), mientras que por otro lado legitimaba la muerte del joven mapuche Alex Lemún mediante la aplicación de la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad Interior del Estado. El actual Gobierno de Sebastián Piñera impulsa el Encuentro Nacional Mapuche (Enama), con un énfasis económico, mientras que por otro lado da luz verde a acciones como el brutal allanamiento a la comunidad Wente Winkul Mapu del 6 de junio, en el que resultaron dos niños gravemente heridos, un dirigente con el rostro desfigurado por los golpes y un anciano con sus piernas destrozadas por impactos de balines, además de mujeres, jóvenes y adultos lesionados.

A pesar que el recurso de la violencia política por parte del Estado chileno ha sido una constante histórica, no es una vía legitimada en las democracias. Para avanzar en soluciones de fondo es indispensable que el Estado reconozca el carácter social y político de la lucha mapuche. Lograrlo requiere, entre otras cosas, la modificación del sistema político, lo que implica un nuevo marco constitucional, que reconozca el carácter plurinacional del Estado, el remplazo del sistema electoral binominal por uno proporcional, una nueva ley de partidos que permita la existencia de partidos políticos en base a una sola región, así como un nuevo estatus jurídico-administrativo a las regiones del Bio Bío, La Araucanía y Los Ríos, (territorio histórico mapuche) que garantice el acceso al poder de la sociedad mapuche y por ende su proyección al futuro.