La decisión del gobierno anula años de trabajo sindical y cierra la puerta a mejoras salariales y de seguridad por sector, dejando a los trabajadores chilenos en una posición de vulnerabilidad frente a las grandes empresas.
En una medida que ha sido calificada como un golpe directo a los derechos de los trabajadores, el gobierno de José Antonio Kast oficializó el retiro del proyecto de ley sobre negociación colectiva multinivel, conocido popularmente como negociación ramal. La iniciativa, que se encontraba en el Congreso Nacional, buscaba establecer condiciones mínimas de trabajo para sectores económicos completos.
La negociación ramal es un mecanismo que permite a los trabajadores organizarse por industria, por ejemplo, todo el sector del comercio, la construcción o la minería, para negociar estándares comunes en salarios, salud y seguridad.
A diferencia de la negociación por empresa, este sistema evita que las compañías compitan entre sí reduciendo costos a costa de los sueldos de sus empleados y permite que sindicatos más pequeños se vean beneficiados por los acuerdos de su sector.
Un desmantelamiento de derechos adquiridos
Para diversos sectores sindicales y parlamentarios de oposición, el retiro de esta propuesta representa un retroceso brutal. Al eliminar la posibilidad de una negociación colectiva a nivel de rama, el ejecutivo desmantela una herramienta fundamental para reducir la brecha de desigualdad en el país.
El diputado Jaime Bassa denunció que la acción es una señal clara de «ponerles la pata encima a los trabajadores», asegurando que la medida favorece exclusivamente a los intereses empresariales.
Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que dicho sea de paso estuvieron desaparecidos durante los últimos 4 años, su secretario general, Eric Campos, advirtió que esta notificación de «gobernar sin diálogo» sienta un precedente nefasto de cara a las próximas discusiones sobre el salario mínimo y las conmemoraciones del primero de mayo.
Con este retiro, el Gobierno de Kast reafirma su giro hacia la desregulación laboral, dejando sin efecto una de las reformas más esperadas por el mundo sindical para equilibrar la balanza de poder entre el capital y el trabajo.