El parlamentario les habría indicado -según la versión de Miguel Ortiz- que “mi hermana debía hacer desaparecer su teléfono y que él recomendaba que lo mejor era quemarlo”.
En el marco de la investigación de la arista Folab y Educc del “Caso Convenios” en La Araucanía, el diputado de extrema derecha, Mauricio Ojeda, (Ind-Republicano), es acusado de pedirle a los involucrados “hacer desaparecer” sus teléfonos celulares y, de hecho, el parlamentario entregó el suyo completamente destruido.
Esta arista apunta a una eventual influencia de Ojeda para que la fundación de una amiga de él se adjudicara fondos públicos superiores a los 700 millones de pesos desde el Gobierno Regional de La Araucanía.
Por este caso actualmente están en prisión preventiva los hermanos Juvenal Ortiz y Rinett Ortiz, ésta última amiga de Ojeda, principales ejecutivos de las ONG y acusados de fraude al Fisco, administración desleal y lavado de activos.
Miguel Ortiz, otro de los hermanos que eran parte de la fundación y testigo en este caso, aseguró ante la Fiscalía que el diputado Ojeda les pidió a él y su hermana, en agosto del 2023, “hacer desaparecer” sus celulares.
Según recogió La Tercera, el testigo declaró que “el diputado nos explicó qué es lo que debía hacer mi hermana: dijo que él se iba a autodenunciar y que mi hermana debía hacer lo mismo, debiendo reconocer que ella había malversado fondos públicos y que así se podía hacer un acuerdo entre ella y la Fiscalía. Después explicó un segundo punto, sugiriendo que mi hermana pidiera su quiebra”.
“Finalmente, habló sobre las personas que podían verse afectadas por este asunto, ya que mi hermana había sido apoyada por gente del Gobierno Regional (Gore), que ellos tenían familia y que se podían ver gravemente comprometidos. Que eso nosotros lo teníamos que tener en consideración”, añadió.
En un tercer punto, el parlamentario de extrema derecha les habría indicado -según la versión de Miguel Ortiz- que “mi hermana debía hacer desaparecer su teléfono y que él recomendaba que lo mejor era quemarlo y que él sugería que para justificarlo, mi hermana debía decir que como ella estaba muy afectada, con tratamiento psiquiátrico, y la prensa y la gente la llamaban mucho, ella decidió quemarlo”.
Mauricio Ojeda, quien tiene calidad de imputado en este caso, hizo entrega de su celular a mediados de octubre de manera voluntaria, sin embargo, completamente destruido. Según su abogado, Carlos Tenorio, “el hijo de tres años de edad lo tomó y lo destruyó en medio de una jugarreta”, justo unos días antes.
La semana pasada, la Fiscalía señaló que mientras Ojeda ejercía su labor de funcionario público y autoridad legislativa, entre los meses de junio y agosto de 2022, habría mantenido comunicaciones con la imputada, Rinett Ortiz, quien le habría informado que la Fundación Folab, en la que ella era directora y representante legal, tenía problemas financieros, por lo que, en base a la amistad que tenían, decidió asistirla mediante aportes económicos propios y de terceros.
El fiscal regional, Roberto Garrido, afirmó que Ojeda “tomó contacto con el jefe de gabinete del Gobierno Regional de La Araucanía, Juan Pablo Leonelli Lepín, respecto de quien conocía su calidad de funcionario público y cargo, a quien le dio a conocer la existencia de la fundación, sus actividades y su amistad con la directora de la entidad privada”.
Esto llevó finalmente a la ONG a adjudicarse millonarios aportes estatales para la realización de cursos de cuidado personal, como masoterapia, peluquería y manicure, pero nunca fueron realizados. Finalmente, el dinero fue desviado para pagar deudas, lo que fue confirmado por Ojeda en una declaración.
Así mismo, dio a conocer que “en el mes de agosto de 2022, yo gestioné un crédito de consumo para ayudar a doña Rinett, por un monto de 40 millones de pesos, ya que ella me manifestó en aquel momento su desesperación por deudas que la aquejaban, pidiéndome que le ayudara económicamente con 70 millones de pesos”, como también logró con otro amigo conseguirse los 30 millones de pesos restantes.