Denuncian que la activista ha sido víctima desde 2018 de amenazas verbales, intimidaciones físicas e incluso ataques contra su propiedad por parte de empresarios locales que quieren explotar un bosque nativo de 900 hectáreas y comercializar su madera.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de la defensora ambiental mapuche, Julia Chuñil, desaparecida en noviembre del año pasado en el sur, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades.
Según estableció el organismo con sede en Washington, EE.UU., los derechos de la activista «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable», por lo que solicitó ak Estado de Chile «redoblar esfuerzos para determinar su situación y paradero» y mantener informada a su familia.
La CIDH «observó con preocupación que tras más de siete meses desde la desaparición de la beneficiaria, no se ha dado con su paradero ni se cuenta con información que permita el esclarecimiento de los hechos».
El paso del tiempo, estimó la Comisión, puede «dificultar la eventual ubicación de la beneficiaria y es susceptible de generar mayores afectaciones a sus derechos a la vida e integridad personal».
Chuñil, destacada defensora ambiental de la Región de Los Ríos, se encuentra desaparecida desde el pasado 8 de noviembre, cuando salió a su hogar en compañía de su perro.
«La CIDH da un mensaje claro: aquí el Estado tiene que multiplicar sus esfuerzos para dar con el paradero de mi madre y eso implica que se destinen más recursos y policías a la investigación y que la Fiscalía dialogue más con nosotros», dijo a la organización Escazú Ahora, el hijo mayor de Chuñil, Pablo San Martín.
«No puede ser que llevemos más de ocho meses sin ningún avance concreto. El Estado tiene que redoblar sus esfuerzos y tiene que incluirnos a nosotros, la familia, en este proceso por la búsqueda de verdad y justicia. Nos tiene que mantener informados y al tanto de cómo avanza esta investigación», agregó.
Escazú denuncia que la activista ha sido víctima desde 2018 de amenazas verbales, intimidaciones físicas e incluso ataques contra su propiedad por parte de empresarios locales que quieren explotar un bosque nativo de 900 hectáreas y comercializar su madera.
«Con estas medidas, la CIDH da una señal clara sobre la urgencia de proteger a quienes defienden la tierra, el agua y el medioambiente frente a amenazas reales y gravísimas. Necesitamos crear institucionalidad y condiciones para que nunca más tengamos que enfrentar desapariciones como esta en nuestro país», afirmó el presidente de la organización, Sebastián Benfeld.