Roxana Núñez, abogada y encargada de Incidencia en Greenpeace, fue enfática al señalar que el fallo es una señal clara contra un proyecto que calificó de «obsoleto y corrupto».
La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó el tercer rechazo del proyecto minero-portuario Dominga, invalidando de oficio lo resuelto previamente por el Primer Tribunal Ambiental.
La decisión ratifica la postura establecida en enero de 2025 por el Comité de Ministros, al considerar que los procedimientos incidentales utilizados por la empresa resultaban improcedentes.
Desde Greenpeace, organización integrante de la Alianza Humboldt, calificaron la resolución como un triunfo de la justicia sobre los intentos de la empresa Andes Iron por «saltarse la ley».
Un freno a la «estrategia ilegal»
Roxana Núñez, abogada y encargada de Incidencia en Greenpeace, fue enfática al señalar que el fallo es una señal clara contra un proyecto que calificó de «obsoleto y corrupto».
“El fallo de la Corte es claro y lapidario para Dominga. Valoramos que en esta oportunidad la justicia haya prevalecido y reconocido que su rechazo sigue vigente. Este proyecto no puede seguir avanzando por medio de presiones judiciales”, aseguró Núñez.
Sin embargo, la jurista advirtió que es probable que la compañía intente nuevas acciones legales, manteniendo la conducta observada durante la última década.
Contexto de probidad y defensa ambiental
La resolución llega en un momento crítico para la institucionalidad chilena. Núñez vinculó el caso con las recientes investigaciones sobre tráfico de influencias que han afectado la reputación de diversos sectores del país.
Exigencia a las autoridades: Greenpeace instó tanto a las autoridades salientes como entrantes a acatar el fallo y no diseñar «soluciones a medida» que perpetúen el daño ambiental.
Investigaciones penales: La organización subrayó la necesidad de que avancen las causas por corrupción relacionadas con el proyecto.
Poder comunitario: El fallo se interpreta como una victoria para las comunidades locales y la biodiversidad de la zona, por encima de las estrategias financieras de la minera.
“Hoy queda demostrado que el trabajo de las comunidades pesa más que los cientos de millones gastados por una empresa en una estrategia legal fallida”, concluyó la abogada.