Alarmante ola de violencia contra defensores ambientales en Chile. Otro caso emblemático es el de Julia Chuñil Catricura, dirigenta mapuche y defensora ambiental de 72 años, desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024
En los últimos años, Chile ha sido testigo de una preocupante escalada de violencia contra defensores ambientales, especialmente aquellos que protegen territorios indígenas y ecosistemas frente a intereses extractivistas.
Un caso reciente que ha generado indignación es el de Miguel Raín, dirigente williche de Isla Caucahué, Chiloé, quien enfrenta graves amenazas de muerte por su defensa del Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios (ECMPO).
La organización Defendamos Patagonia emitió una Alerta País Urgente este 27 de julio, denunciando que estas intimidaciones están relacionadas con su lucha por proteger el maritorio ancestral.
Raín, líder de la comunidad indígena Cerro Colorado, ha solicitado difusión pública para visibilizar su situación y exigir protección efectiva, advirtiendo sobre un patrón sistemático de violencia contra defensores ambientales e indígenas en Chile.
Otro caso emblemático es el de Julia Chuñil Catricura, dirigenta mapuche y defensora ambiental de 72 años, desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024 en Máfil, Región de Los Ríos. Chuñil, presidenta de la Comunidad Mapuche de Putreguel, dedicó su vida a proteger 900 hectáreas de bosque nativo frente a la tala ilegal y el extractivismo. Su familia denuncia que, tras años de amenazas y hostigamientos, su desaparición podría estar vinculada a intereses económicos y políticos de empresarios locales.
Alerta desde Chiloé: Dirigente williche bajo amenaza de muerte por defender espacio costero en isla Caucahué
— ❗️Defendamos Patagonia❗️ (@DefendamsChiloe) July 27, 2025
Organizaciones ambientales alertan sobre graves amenazas de muerte contra Miguel Raín, dirigente williche de Isla Caucahué (Chiloé), por su defensa del Espacio Costero… pic.twitter.com/p7U8rf9cVv
A pesar de la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de Chile en 2022, que busca proteger a activistas ambientales, la falta de implementación efectiva ha dejado a defensores como Chuñil en una situación de extrema vulnerabilidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al Estado chileno a redoblar esfuerzos para esclarecer su paradero, calificando el caso como «grave y urgente».
Estos casos no son aislados. En 2024, la ONG Escazú Ahora reportó 47 casos de vulneración de derechos contra 27 defensores ambientales en Chile, con un alarmante aumento de agresiones físicas, que se triplicaron respecto al año anterior. Las mujeres, como Chuñil y la abogada mapuche Orietta Llauca, enfrentan una violencia desproporcionada, representando el 70 por ciento de los casos.
Llauca sufrió un incendio en su oficina en noviembre de 2024, tras recibir amenazas por su activismo. Además, el informe de Global Witness de 2023 señala que América Latina es la región más peligrosa para los defensores ambientales, con 166 de los 196 asesinatos registrados a nivel global.
Otros casos históricos, como el de Macarena Valdés, encontrada muerta en 2016 tras oponerse a una hidroeléctrica en Tranguil, y Nicolasa Quintremán, fallecida en circunstancias no esclarecidas tras resistir un proyecto de represa, reflejan la impunidad que persiste en Chile. La falta de leyes específicas, protocolos de protección efectivos y la inacción institucional agravan esta crisis, dejando a los defensores ambientales expuestos a un riesgo constante.
Organizaciones sociales y la sociedad civil exigen al Estado chileno cumplir con el Acuerdo de Escazú, implementar medidas de protección efectivas y garantizar justicia para las víctimas.
La defensa del medioambiente no puede seguir siendo una sentencia de muerte. Es urgente que se investiguen estos casos, se sancione a los responsables y se cree una institucionalidad que proteja a quienes luchan por preservar la naturaleza y los derechos de las comunidades.