La pregunta que queda en el aire tras el paso dado por el país nórdico es clara: ¿Es éticamente sostenible que, en medio de una crisis de pensiones para el ciudadano común, el Estado chileno mantenga rentas millonarias para figuras políticas en plena edad productiva?
Mientras Dinamarca acaba de despachar una ley que obliga a sus políticos a jubilarse bajo las mismas reglas que el ciudadano común, en Chile, el debate sobre los privilegios de la alta magistratura se intensifica.
La reciente reforma danesa, que elimina las pensiones vitalicias para parlamentarios y ministros, pone bajo la lupa el sistema chileno, donde un presidente puede retirarse con una renta de por vida a edades tan tempranas como los 40 años.
El modelo danés: Hacia el fin de la «clase aparte»
En mayo de 2025, el parlamento danés (Folketing) aprobó por amplia mayoría poner fin a las «pensiones doradas». Hasta ahora, bastaba un año en el cargo para asegurar un pago vitalicio. Con la nueva norma:
Integración total: Los futuros políticos deberán cotizar el 18,07 por ciento de su sueldo al fondo de pensiones general.
Igualdad de edad: Solo podrán jubilarse a la edad legal del resto de la población (67 años, con miras a subir a los 70 en 2040).
El escenario en Chile: ¿Jubilación a los 40?
El caso danés resuena con fuerza en la realidad local. En Chile, la Constitución y las leyes vigentes garantizan a los expresidentes una dieta vitalicia equivalente a la remuneración de un parlamentario, sumada a asignaciones de traslación y funcionamiento de oficinas.
La controversia ha cobrado vigencia ante la salida del presidente Gabriel Boric en marzo de este año. Al dejar La Moneda con 40 años, Boric accederá por ley a estos beneficios de forma inmediata y de por vida, a menos que una reforma constitucional, actualmente estancada en el Congreso por falta de quórum, lo impida.
Las cifras del privilegio en Chile (Presupuesto 2026):
Monto mensual: Se estima que los beneficios podrían alcanzar hasta los $17,6 millones de pesos mensuales por cada exmandatario, sumando dieta neta y asignaciones operativas.
Costo fiscal: El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una glosa de 830 millones de pesos anuales para el ítem de expresidentes, un incremento que ha generado críticas en la oposición y la ciudadanía.
A diferencia de Dinamarca, donde se alcanzó un pacto transversal para eliminar estos privilegios en favor de la sostenibilidad del sistema, en Chile, los intentos por fijar una edad mínima (como los 65 años) para recibir la dieta han fallado repetidamente en el Congreso.
La pregunta que queda en el aire tras el paso dado por el país nórdico es clara: ¿Es éticamente sostenible que, en medio de una crisis de pensiones para el ciudadano común, el Estado chileno mantenga rentas millonarias para figuras políticas en plena edad productiva?