Discusión sobre la libertad de expresión, religiosa, de conciencia y derecho a la seguridad pública marcaron la primera jornada de deliberación.

Se trata del derecho a la libertad de conciencia, pensamiento, creencias, cosmovisión y religión; además del derecho a la libertad de expresión. En tercer lugar está el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia.

En su sesión número 40, la Comisión de Derechos Fundamentales comenzó la deliberación y votación en particular de las iniciativas del Bloque Temático número 2. En una extensa jornada, donde se desarrollaron más de 150 votaciones y se discutieron 12 de los 88 artículos en deliberación, las y los constituyentes tuvieron tiempo para explicar cada indicación presentada, para mejorar la iniciativa aprobada en general por la Comisión

¿Qué se aprobó?

En esta jornada se aprobaron tres artículos que pasan a la deliberación del Pleno de la Convención. El primero trata sobre el Derecho a la Libertad de Conciencia, Pensamiento, Creencias, Cosmovisión y Religión e indica que toda persona tiene derecho a estas garantías.

Además, incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias a su elección, así como la libertad de manifestarla de manera individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. Podrán elegir templos, dependencias y lugares para el culto.

Además, se aprobó el Derecho a la libertad de expresión, que indica en su articulado que toda persona tiene derecho a la libertad de emitir opinión y de informar en cualquier forma y por cualquier medio, así como a disponer de información veraz, plural e imparcial, y fundar medios de comunicación.

Por último, se aprobó el artículo que garantiza el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Éste propone que el Estado debe proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho a todas las personas y comunidades.

Además, sostiene que las acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos, así como la reinserción social de los condenados, serán desarrolladas por los organismos públicos que señale esta Constitución y la ley, en forma coordinada y con irrestricto respeto a los derechos humanos.

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