En prisión preventiva queda exministro de Corte de Apelaciones y exdirector de la Dine por escuchas ilegales a periodistas y militares

“Se habían coordinado para interceptar los teléfonos de siete personas de interés” entre 2017 y 2018, entre ellos Rafael Harvey Valdés, Carlos Farías Ramírez, Tatiana Astorga Vergara, Mauricio Weibel Barahona, Sergio Tudesca Órdenes, María Valenzuela Soto y Ximena Simpertigui Pincheira, eludiendo así la regulación de la Ley de Inteligencia.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este miércoles prisión preventiva en contra del exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Poblete Méndez y el exdirector de la Inteligencia del Ejército (Dine) Schafik Nazal Lázaro, por delitos de espionaje en el marco de la denominada “Operación Topógrafo”.

El Tribunal los imputó como autores de 12 delitos de interceptación ilícita de comunicaciones y siete delitos de falsificación de instrumento público.

En la instancia, el fiscal Jaime Retamal presentó cargos contra ambos imputados por realizar interceptaciones telefónicas contra militares y un periodista que denunciaron irregularidades en el marco del caso Fraude en el Ejército.

Poblete y Nazal “se habían coordinado para interceptar los teléfonos de siete personas de interés” entre 2017 y 2018, entre ellos Rafael Harvey Valdés, Carlos Farías Ramírez, Tatiana Astorga Vergara, Mauricio Weibel Barahona, Sergio Tudesca Órdenes, María Valenzuela Soto y Ximena Simpertigui Pincheira, eludiendo así la regulación de la Ley de Inteligencia.

Según el persecutor, Nazal “solicitó, ordenó, dirigió una serie de operaciones ilícitas en las que se interceptó y grabó, sin la debida autorización, diversas señales de telefonía móvil de servicios públicos e telecomunicaciones”. Además, obtuvo “oficios secretos” de carácter judicial dirigidos a compañías de telecomunicaciones que eran avalados por Poblete.

“No se trató de casos vinculados a actividades de inteligencia y contra inteligencia. No correspondió a casos que tuvieran por objeto resguardar la seguridad nacional y proteger al Estado de Chile y sus habitantes de las amenazas de terrorismo, crimen organizado y narcotráfico. Y tampoco se trató de medidas de inteligencia que tuvieran por objeto detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de grupos terroristas nacionales o internacionales”, aseguró el fiscal.

Debido a que hubo vulneraciones a documentos fiscales, el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte del caso a través de una querella.

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