El cuestionado, poco eficiente y “apernado” ministro de Energía, Diego Pardow, como es de esperar, ha minimizado el problema, calificándolo como un «cambio metodológico» dentro de un proceso rutinario.
Un grave “error metodológico” en el cálculo de las tarifas eléctricas, detectado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), ha destapado una nueva muestra de la ineficiencia y falta de supervisión de las autoridades en un sector crítico para la ciudadanía.
Este fallo, que resultó en una sobrevaloración de más de 100 millones de dólares en las boletas de luz de los clientes regulados durante 2024 y 2025, ha generado indignación y cuestionamientos sobre la gestión del Ministerio de Energía y la CNE.
Este robo, pero que en Chile se le llama “error” cuando se trata de grandes empresas, consistente en una doble aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los ajustes de las «diferencias de facturación» entre distribuidoras y generadoras, provocó un cobro excesivo que impactó directamente a millones de hogares chilenos, con alzas de hasta un 7 por ciento en regiones del norte y centro del país.
Este desatino, cuya raíz se remonta a resoluciones de 2021, evidencia una alarmante falta de rigurosidad en los procesos técnicos de un organismo que debería garantizar la protección de los consumidores.
La CNE, en un intento tardío por enmendar su error, publicó este 14 de octubre un Informe Técnico Preliminar (Resolución Exenta N° 633), proponiendo un ajuste que reduciría las tarifas en un promedio del 2 por ciento a partir de enero de 2026, con compensaciones mayores en algunas zonas, lo que es un chiste.
Sin embargo, la solución llega tarde para los usuarios que ya han soportado alzas desmedidas en sus cuentas de luz, en un contexto de descongelamiento tarifario que ya había tensionado los presupuestos familiares.
La ausencia de una devolución retroactiva inmediata agrava la percepción de ineficiencia y desinterés por parte de las autoridades.
El cuestionado, poco eficiente y “apernado” ministro de Energía, Diego Pardow, como es de esperar, ha minimizado el problema, calificándolo como un «cambio metodológico» dentro de un proceso rutinario, una explicación que no convence a la ciudadanía ni a la oposición, que exige su renuncia y evalúa acusaciones constitucionales por negligencia. Este episodio se suma a una serie de cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones públicas para gestionar servicios esenciales, dejando en evidencia la falta de controles efectivos y la lentitud para corregir errores que afectan directamente a los chilenos.
La ciudadanía merece respuestas claras y soluciones inmediatas. Este nuevo traspié refuerza la urgente necesidad de fortalecer la supervisión y profesionalización de las entidades responsables del sector energético, para evitar que la ineficiencia de las autoridades siga recayendo sobre los bolsillos de los consumidores.