La olla a presión social en el país está a punto de reventar ante la absoluta e indignante impunidad que beneficia, una vez más, a la clase alta. Jueza Ximena Rivera Salinas le prohíben dar su nombre.
Existe una profunda indignación nacional frente a lo que se considera un descarado despliegue de privilegios por parte de la élite ante la justicia en Chile: la polémica decisión de la jueza Ximena Rivera Salinas del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago de dejar en total libertad, y sin siquiera suspenderle la licencia de conducir, a un sujeto que transitaba a 264 kilómetros por hora por la Costanera Norte.
Este escandaloso beneficio judicial ha encendido el malestar ciudadano, desnudando de forma obscena la desigualdad ante la ley. El escenario es aún más grave luego que el tribunal prohibiera de forma estricta a los medios de comunicación difundir el nombre y el rostro del sujeto con privilegios, un blindaje judicial que busca proteger el estatus del poder económico.
El imputado fue identificado por el medio El Mostrador como el empresario Pablo Izquierdo Reyes, miembro del influyente grupo empresarial Izquierdo Menéndez, un conglomerado con millonarias inversiones en los sectores de telecomunicaciones, celulosa y energía.
El malestar público crece al constatar que el conductor, de 38 años, es un verdadero peligro al volante que ya contaba con antecedentes previos por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.
Pese a que la Fiscalía solicitó la medida cautelar de arresto domiciliario total debido al evidente riesgo para la seguridad pública, la jueza Ximena Rivera Salinas desestimó la petición y declinó aplicar sanciones tan básicas como la retención de su licencia para conducir.
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 7,5 de la autopista urbana, en la comuna de Vitacura, una zona cuyo límite máximo de velocidad es de 100 kilómetros por hora. Carabineros de la 32ª Comisaría de Tránsito detectaron el automóvil BMW modelo M2 G87 mediante radares técnicos cuando el sujeto superaba la norma establecida por más de 160 kilómetros por hora, cuadruplicando la marcha segura del flujo vehicular.
Tras un seguimiento a distancia, el vehículo fue interceptado en una zona segura de la autopista, procediéndose al arresto inmediato por conducción temeraria.
Carabineros calificaron la situación como extremadamente grave, advirtiendo que transitar a esa velocidad pudo haber provocado un siniestro vial masivo.
Este polémico fallo judicial no solo ha desatado críticas transversales por la evidente falta de igualdad ante la ley, sino que también ha vuelto a poner el foco sobre el oscuro historial del grupo Izquierdo Menéndez.
Este conglomerado familiar ha estado vinculado históricamente a graves episodios en el país, como la participación de uno de sus miembros como encubridor en la Masacre de Laja y San Rosendo durante la dictadura, casos de contaminación por plomo que afectaron a trabajadores en la Región de O’Higgins, y sus lazos de sangre con los responsables del exterminio del pueblo Selknam en la Patagonia.
Este nuevo y descarado beneficio judicial a un heredero del poder económico profundiza la crisis de legitimidad institucional y acelera el colapso de la paciencia de una ciudadanía cansada de los abusos de la élite.