Fundalatin alerta por riesgo vital de presos mapuches en huelga de hambre en la Cárcel de Temuco

Dos comuneros del Caso Quilleco llevan cinco días en huelga seca y su estado es crítico. La organización de derechos humanos denuncia abandono del Estado y exige traslado urgente al Hospital Intercultural de Nueva Imperial.

La Comisión de Observación de Derechos Humanos del Caso Quilleco, dependiente de Fundalatin, denunció la grave situación de riesgo vital que enfrentan los presos políticos mapuche recluidos en el Módulo de Comuneros del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Temuco, quienes mantienen una huelga de hambre desde el 16 de febrero de 2026.

Señalan que la situación se agravó en los últimos cinco días, luego que dos de los comuneros escalaran su protesta a una huelga seca, sin ingesta de agua ni alimentos, lo que ha generado un deterioro crítico de su estado de salud. En el día de hoy se presentaron constancias formales alertando sobre su condición, así como sobre la complejidad del cuadro del resto de los huelguistas.

Fundalatin denunció que el Estado de Chile ha incumplido su obligación como garante de la integridad física de los reclusos, señalando además que las condiciones sanitarias del centro penitenciario son deficientes e insuficientes para asegurar la atención médica que la situación requiere. La organización advirtió que, en las circunstancias actuales, resulta imposible garantizar un cuidado acorde al derecho internacional y a los estándares de derechos humanos.

Ante ello, la fundación exigió el traslado urgente de los comuneros en huelga de hambre al Hospital Intercultural de Nueva Imperial, solicitud que, según informaron, ha sido reiterada ante organismos competentes sin obtener respuesta.

Isabel Vileya, veedora de Fundalatin Capítulo Chile, y María Eugenia Russian, presidenta de la fundación, suscribieron el documento y llamaron a los medios de comunicación a dar la mayor difusión posible a esta denuncia.

Fundalatin es una organización creada en Caracas en 1978, con estatus consultivo en Naciones Unidas (ONU) en el ámbito de los Derechos Económicos, Culturales y Sociales (Ecosoc), y miembro del Consejo de Derechos Humanos adscrito a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela.

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