Su disolución, sumada al desmantelamiento previo del Programa Nacional de Cuidados Paliativos en febrero de 2025, envía un mensaje devastador: la salud de miles de argentinos parece subordinada a un cálculo economicista.
La decisión del gobierno de extrema derecha de Javier Milei de disolver el Instituto Nacional del Cáncer (INC) y absorber sus funciones en el Ministerio de Salud, oficializada en marzo de este año, ha desatado una ola de críticas que no puede ser ignorada.
Aunque el gobierno argentino la presenta como una reestructuración administrativa para optimizar recursos y eliminar duplicidades, la medida es percibida por muchos como un acto de crueldad hacia los pacientes oncológicos, especialmente los más vulnerables, en un país donde el cáncer es una de las principales causas de muerte.
El INC, creado en 2010, era un organismo especializado que diseñaba políticas integrales para la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, además de garantizar el acceso a medicamentos esenciales.
Su disolución, sumada al desmantelamiento previo del Programa Nacional de Cuidados Paliativos en febrero de 2025, envía un mensaje devastador: la salud de miles de argentinos parece subordinada a un cálculo economicista.
La suspensión de compras de opioides como morfina y metadona, esenciales para el alivio del dolor en pacientes terminales, y los despidos de personal especializado, denunciados por profesionales como la doctora Mariana Pechenik, agravan el panorama. Estas decisiones no solo comprometen la calidad de la atención, sino que infligen un sufrimiento innecesario a quienes enfrentan una enfermedad ya de por sí cruel.
El gobierno de extrema derecha de Milei argumenta que los programas continuarán bajo el Ministerio de Salud y que las acusaciones de abandono son «noticias falsas». Sin embargo, la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que absorbió al INC junto con otras instituciones, evidencia una centralización que reduce la autonomía de organismos especializados y prioriza recortes presupuestarios sobre la vida de los pacientes.
Las promesas de continuidad suenan vacías cuando se reportan interrupciones en la provisión de medicamentos y despidos masivos, afectando directamente a quienes dependen del sistema público.
La indignación de la comunidad médica, pacientes y organizaciones sociales no es infundada. La disolución del INC no es un mero trámite administrativo; es un retroceso en la lucha contra el cáncer que golpea a los más desprotegidos.
En un país con profundas desigualdades como en Chile, desmantelar estructuras diseñadas para proteger a los enfermos más vulnerables es una decisión que roza la insensibilidad.
La salud no puede ser un lujo ni un número en una planilla: es un derecho humano fundamental.