Esta propuesta surge en un contexto de profunda desilusión ciudadana hacia la clase política chilena, marcada por años de desconfianza y apatía electoral.
En la tarde de este martes, el Gobierno de Boric, a través de la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, presentó una indicación legislativa para reponer las multas a quienes no tengan interés en participar en las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre de este año.
La medida establece sanciones económicas que oscilan entre 0,5 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a $34.000 y $103.000 pesos chilenos aproximadamente, en un intento por reforzar el cumplimiento del voto obligatorio consagrado en la Constitución.
Esta propuesta surge en un contexto de profunda desilusión ciudadana hacia la clase política chilena, marcada por años de desconfianza y apatía electoral. La baja participación en procesos electorales anteriores ha puesto en jaque la legitimidad de los representantes electos, lo que parece haber motivado al Ejecutivo a implementar medidas coercitivas para garantizar la asistencia a las urnas y de ese modo legitimarse.
Analistas señalan que, ante la falta de conexión entre la ciudadanía y los políticos, el Gobierno percibe el voto obligatorio como la única vía para fortalecer la representatividad de las instituciones llamadas “democráticas”, ya que una baja concurrencia profundizaría aún más la crisis de legitimidad que enfrentan.
La iniciativa, que será tramitada con un procedimiento especial en el Senado, ha generado debate. Mientras algunos sectores (derecha) la consideran necesaria para revitalizar la participación cívica, otros la critican como una imposición que no aborda las causas de fondo de la desafección política.