Propuesta permite al presidente decretar por 120 días un nuevo régimen de excepción y extenderlo por otros 120 días sin una nueva autorización del Congreso. Iniciativa incluye restricciones a la libertad de desplazamiento y reunión, interceptación de comunicaciones y requisición de bienes.
El Gobierno de José Kast ingresó al Senado una amplia y polémica reforma constitucional en materia de seguridad que, además de endurecer las herramientas contra el crimen organizado y el terrorismo, incorpora un nuevo estado de excepción con amplias facultades para el Ejecutivo.
La iniciativa contempla 11 modificaciones a la Constitución y establece que el presidente podrá decretar este régimen extraordinario cuando exista una “amenaza grave e inminente” para la seguridad pública o cuando esta haya sido “gravemente afectada”.
El mecanismo podrá extenderse inicialmente por hasta 120 días, y el propio mandatario tendrá la facultad de prorrogarlo por otros 120 días. Es decir, la medida podría mantenerse durante 240 días sin una nueva aprobación del Congreso. Las extensiones posteriores sí requerirán autorización parlamentaria.
Restricciones a reuniones, desplazamiento y comunicaciones
Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta son las facultades que adquiriría el Ejecutivo durante la vigencia del estado de excepción.
El presidente podría restringir o suspender la libertad personal y de locomoción, limitar el derecho de reunión y establecer restricciones al derecho de asociación. A ello se suma una facultad especialmente amplia: interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones.
También se contempla la posibilidad de disponer requisiciones de bienes. Las zonas sometidas al régimen excepcional quedarían bajo la dependencia inmediata de un oficial general designado por el presidente. Una futura ley orgánica constitucional deberá determinar las atribuciones de esa autoridad, las facultades de las policías y la eventual participación de las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa.
En términos políticos, el alcance de la reforma abre un debate que va mucho más allá del combate al crimen organizado. Se trata de entregar al gobierno herramientas extraordinarias capaces de restringir libertades y controlar espacios de movilización y protesta social bajo determinadas circunstancias.
Del combate al crimen a la protesta social
La reforma se presenta como una respuesta a las amenazas contra la seguridad pública, pero sus efectos potenciales alcanzan también a las formas de movilización colectiva.
En paralelo, el Gobierno ingresó el proyecto denominado “Antibarricadas 2.0”, que busca modificar el Código Penal para castigar la interrupción total o parcial de la circulación y de los servicios de transporte.
La propuesta establece penas de 61 a 540 días de presidio y amplía su aplicación a prácticamente todos los sistemas de transporte, terrestre, ferroviario, subterráneo, marítimo, fluvial, lacustre y aéreo.
Una diferencia central respecto de la regulación vigente es que para configurar el delito no sería necesario acreditar violencia o intimidación. Quedarían fuera de la norma situaciones derivadas de accidentes, desperfectos mecánicos u otras causas justificadas.
La lógica de ambas iniciativas, estado de excepción y “Antibarricadas 2.0”, instala así un nuevo escenario para la protesta y la movilización, conductas que históricamente han formado parte del repertorio de manifestaciones sociales podrían quedar expuestas a mayores sanciones penales o a restricciones extraordinarias cuando el Ejecutivo invoque razones de seguridad pública.
El Frente Amplio está desde ya calculando si es que da lo mismo si votan en contra de la reforma constitucional de «seguridad» del Kaks y se aprueba igual, pa ver si pasan como de izquierda, así como que de oposición al co-gobierno de los 36 años con el pinochetismo.
— Æ (@aederean) August 18, 2026
Le van a aprobar la reforma constitucional de «seguridad» al Kaks. Van a hacer el mismo show de siempre: hacer como que tienen ciertos reparos, mientras distraen con cualquier hueá y al final aprueban y todos se hacen los hueones.
— Æ (@aederean) August 18, 2026
Depende de la Concertación si Chile se transforma en una dictadura o no. En el Senado, no hay PDG y con Walker y Calisto, a KK no le alcanza. https://t.co/3XeKZtEi0N
— Vania Mery (@vania_mery) August 18, 2026
Para reformar la Constitucion (nuevo estado de excepción), KK necesita 29 votos. Tiene 26. Donde está el peligro? Bianchi (ind), Pedro Araya, Loreto Carvajal y Ricardo Celis (todos PPD), Fidel Espinoza (PS), y quizás algún DC. https://t.co/6sVpGEvfbX
— Vania Mery (@vania_mery) August 18, 2026
Si se aprueba la reforma de Kast podrán encarcelar por insultar a un paco, decretar estado de excepción por ocho meses sin necesidad de prórroga, y disponer de información genética del acusado en procedimientos policiales. Fascismo en pleno. https://t.co/FD2F8YvANT
— ム (@godual) August 18, 2026
Cuál es la diferencia de Kast con Luis XV? Él también vive en un palacio y quizás, va a decidir él solo los estados de excepción constitucional
— La AntiPsicóloga (@janetnoseda) August 18, 2026
Los autoritarismos empiezan con presidentes con poderes extraordinarios.
— Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) August 18, 2026
Kast propone un estado de excepción de 240 días, sin aprobación del Congreso, que permite restringir reuniones, intervenir comunicaciones y limitar el desplazamiento de las personas.
Si mañana hay…
