Postergan por cuarta vez preparación de juicio a machi Celestino Córdova

Celestino Serafín Córdova Tránsito

Tribunal fijó fecha para el 21 y 22 de octubre, con el fin de que la nueva defensa del único acusado por el incendio en que murió el matrimonio Luchsinger-Mackay pueda informarse de los antecedentes del caso.

Por cuarta vez fue postergada la audiencia de preparación de juicio oral contra el machi Celestino Córdova Tránsito, de 26 años, el único acusado por el ataque en que murieron el agricultor Werner Luchsinger, de 75 años y su esposa Vivian Mackay, de 69.

Este miércoles, en el Juzgado de Garantía de Temuco, el nuevo defensor de Córdova, abogado Pablo Ortega, solicitó una postergación de cuatro meses. Sin embargo, el tribunal fijó la preparación de juicio para el 21 y 22 de octubre próximos.

El fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, se opuso a la postergación, puesto que la acusación fue presentada el 30 de mayo y desde entonces la preparación no se ha podido realizar por distintas peticiones de la defensa.

“Estas sucesivas dilaciones sólo conspiran contra los intereses legítimos de la sociedad, de que este hecho tan grave sea juzgado, y también contra los intereses de las propias víctimas, que en este caso tienen derecho de que se juzgue prontamente a los responsables”, indicó el fiscal Paredes.

 

Cambio de abogados

Córdova era defendido por los abogados de la Defensoría Penal Pública, pero renunció a ellos y demoró en nombrar una nueva defensa, lo que llevó a las sucesivas postergaciones de preparación de juicio oral. La fiscalía calificó esto como una maniobra dilatoria.

El machi ahora es representado por los legistas del Centro de Investigación y Defensa Sur (Cidsur), Karina Riquelme y Pablo Ortega.

Por el delito de incendio terrorista causando la muerte de dos personas (matrimonio Luchsinger-Mackay), ocurrido el 4 de enero pasado en el fundo Lumahue de Vilcún, la Fiscalía pide la pena de presidio perpetuo calificado, esto es, un mínimo de 40 años de cárcel antes de recibir cualquier beneficio.

Y por el atentado en el fundo Santa Isabel, ocurrido el 22 de diciembre de 2012, la Fiscalía solicita penas que suman 36 años de presidio por los delitos de robo con violencia, incendio terrorista e incendio común.

Para acreditar los delitos y la participación del acusado, la Fiscalía ofreció como prueba las declaraciones de 69 testigos y 31 peritos, además de evidencia documental y material.

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