El parlamentario de RN entregó antecedentes que apuntan a posibles irregularidades en el cierre de una causa por 20 mil millones de pesos que involucraba a la administración del actual senador por La Araucanía.
El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, solicitó formalmente al Ministerio Público investigar la relación entre el exfiscal regional Manuel Guerra y el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien ocupa en la actualidad el cargo de senador por La Araucanía.
La petición se basa en antecedentes que sugieren una eventual coordinación para favorecer al exjefe comunal en causas judiciales mientras Guerra lideraba la Fiscalía Metropolitana Oriente.
Según la declaración prestada por Ossandón, existen sospechas sobre el manejo de una investigación por malversación de caudales públicos que afectaba a la Corporación Municipal de La Florida (Comudef). En dicha causa, que involucraba un monto cercano a los 20 mil millones de pesos, se decidió no perseverar, cerrando el proceso sin formalizaciones.
Relación bajo sospecha
La denuncia de Ossandón cobra relevancia tras conocerse chats del Caso Hermosilla, donde el exfiscal Guerra mencionaba haber sostenido una reunión «discreta» con Carter en 2018, periodo en que la Fiscalía mantenía abierta la indagatoria contra el municipio. Si bien, el exalcalde y ahora senador reconoció el encuentro, argumentó que este tuvo como fin coordinar la entrega de información contable que la propia Fiscalía no habría solicitado formalmente con anterioridad.
Otro de los puntos cuestionados es la contratación de Manuel Guerra en la Municipalidad de La Florida tras su salida del organismo persecutor. En noviembre de 2023, el exfiscal asumió el cargo de «fiscal de la gente» con una remuneración bruta de 4,5 millones de pesos mensuales, bajo una modalidad a honorarios que le permitía compatibilizar sus funciones con labores académicas.
Antecedentes de Contraloría
El reportaje revela que, pese al cierre judicial del caso, la Contraloría General de la República mantuvo cuestionamientos sobre el paradero de los fondos. El órgano contralor señaló que la Comudef no logró acreditar correctamente el destino de los recursos, desestimando la defensa municipal que atribuía las inconsistencias a meros errores de registro administrativo.
La Fiscalía deberá ahora determinar si estas acciones constituyen delitos de prevaricación o cohecho, evaluando si las decisiones procesales tomadas por el exfiscal Guerra tuvieron como contraprestación beneficios profesionales o económicos posteriores.