
Fast Check reveló que Catalina Ugarte Millán y sus hermanos obtuvieron el beneficio estatal en el año 2009, a pesar de que su patrimonio familiar incluía 99 terrenos en Lampa y una residencia en Las Condes.
Una investigación periodística del medio de verificación Fast Check reveló que la actual jefa de gabinete del presidente José Antonio Kast, Catalina Ugarte Millán, junto a tres de sus hermanos, recibieron subsidios habitacionales del Estado para la clase media en el año 2009, teniendo un amplio patrimonio inmobiliario a su nombre.
A través de estos aportes del Estado, el grupo familiar financió parte de la compra de un conjunto de departamentos en la comuna de Santiago, de los cuales siguen siendo propietarios.
La entrega de estos fondos públicos contradice directamente las bases de postulación del beneficio estatal. El marco regulatorio estipulaba como requisito obligatorio que ni los postulantes ni los miembros de sus grupos familiares poseyeran bienes raíces registrados a sus nombres al momento de tramitar la ayuda. Sin embargo, los antecedentes comerciales demuestran que, cuando se aprobaron los subsidios, Catalina Ugarte y sus hermanos participaban formalmente en una inmobiliaria familiar. Dicha sociedad era dueña de, al menos, 99 terrenos en la comuna de Lampa.
Además, el entorno directo de los beneficiarios registraba otros activos de alta plusvalía. Los registros públicos constataron que la madre de los hermanos Ugarte Millán era propietaria de una vivienda en un exclusivo barrio de la comuna de Las Condes, inmueble que figuraba como el domicilio oficial del grupo familiar.
Departamentos se encuentran arrendados
A lo anterior se suma que las propiedades adquiridas con el subsidio estatal no han sido destinadas a la vivienda propia. Un trabajador del edificio de la comuna de Santiago declaró al medio periodístico que, al menos durante los últimos siete años, la totalidad de los departamentos de la jefa de gabinete de Kast y sus familiares han sido habitados exclusivamente por arrendatarios.
Este hecho contraviene el espíritu de habitabilidad residencial bajo el cual se estructuran las políticas públicas de vivienda en el país.