Las manifestaciones contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz cumplen 34 días consecutivos de paralización, gatilladas por el rechazo a la polémica Ley 1720, la escasez de combustibles y el alza en el costo de la vida.
Bolivia cumplió más de un mes sumida en un complejo estallido social que mantiene paralizado a buena parte del territorio nacional. Desde que comenzaron las movilizaciones masivas el pasado 1 de mayo, la tensión, lejos de disminuir, aumentó con el paso de las semanas, consolidando casi 90 puntos de bloqueo activos en seis departamentos y cerrando de momento cualquier canal de diálogo entre el oficialismo y la oposición.
Lo que inició como una serie de reclamos sectoriales dispersos, rápidamente escaló hasta convertirse en una crisis política de alcance nacional.
Organizaciones sociales agrupadas en la Central Obrera Boliviana, junto a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y sectores afines al expresidente Evo Morales, mantienen como exigencia central e irrenunciable la salida del mandatario de derecha, Rodrigo Paz.
Los factores detrás del descontento
La actual crisis económica y social es catalogada por analistas locales como el escenario más complejo que ha enfrentado la nación en las últimas décadas. Los principales detonantes de las movilizaciones corresponden a:
Rechazo normativo: El detonante inicial fue la promulgación de la polémica Ley 1720, una reforma que despertó el rechazo inmediato de gremios de trabajadores y comunidades indígenas. Aunque la administración de Paz dio marcha atrás y abrogó la ley el 13 de mayo, la medida fue considerada insuficiente por las bases movilizadas. Colapso de suministros: El país venía arrastrando desde hace meses una severa crisis de combustibles, manifestada en largas filas en las estaciones de servicio, lo que terminó por colmar la paciencia de transportistas y gremios productivos.
Inflación y desabastecimiento: Los 34 días de cortes de rutas han generado un agudo desabastecimiento de alimentos, insumos médicos y oxígeno en los principales hospitales. A raíz de las dificultades de distribución, la conurbación de La Paz registró una fuerte inflación mensual de 5,41 por ciento durante mayo, concentrando el 84 por ciento del incremento de precios de todo el país.
Endurecimiento de las posturas
Ante el cerco vial y las masivas marchas que han intentado romper los cordones policiales en las inmediaciones de la Plaza Murillo, el presidente Rodrigo Paz calificó la situación actual como «la batalla de las batallas».
Casi como sacado de un guion, el mandatario derechista acusa que detrás de las movilizaciones existirían intentos de desestabilización democrática financiados por recursos del narcotráfico, acusación que ha sido rotundamente rechazada por los líderes sindicales. Seguramente ya vendrán acusaciones falsas señalando que los manifestantes reciben sueldo de Cuba o Venezuela, lo que ocurrió en Chile luego del estallido.
Hasta la fecha, la Defensoría del Pueblo ha reportado un saldo lamentable de siete personas fallecidas y más de 20 heridos en el contexto de los enfrentamientos.
Mientras las fuerzas del orden intentan realizar operativos de desbloqueo, diversos comités cívicos del oriente del país han acusado un intento de golpe de Estado, lo que incrementa el peligro de choques civiles entre los manifestantes y adherentes al gobierno en los próximos días.