Ambos habían sido incluidos apenas dos días antes entre los funcionarios bolivianos sancionados por Estados Unidos, que les revocó sus visas y formuló acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
Una situación que difícilmente puede pasar inadvertida sacude a Bolivia y vuelve a poner sobre la mesa una vieja pregunta latinoamericana: ¿hasta dónde puede llegar un país extranjero en sus intentos por influir sobre las instituciones judiciales de otro Estado?
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron detenidos durante la noche del miércoles 30 de septiembre. Ambos habían sido incluidos apenas dos días antes entre los funcionarios bolivianos sancionados por Estados Unidos, que les revocó sus visas y formuló acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
Y existe un elemento que hace que el episodio resulte todavía más delicado. Mariaca y Zeballos estaban vinculados a investigaciones que involucraban al consultor político argentino Fernando Cerimedo.
La coincidencia temporal es contundente
El lunes 28 de septiembre, el régimen de Estados Unidos anunció las restricciones contra ambos fiscales. Ese mismo día, Mariaca salió públicamente a rechazar las acusaciones estadounidenses y denunció la presión extranjera sobre el trabajo de la Fiscalía boliviana. Dos días después, fue detenido junto a Zeballos.
Después de conocer la decisión de Estados Unidos, el fiscal general boliviano sostuvo que Bolivia respeta las decisiones soberanas de otros Estados, pero exigió que también se respete la soberanía boliviana y la independencia de sus instituciones.
“Cooperación sí, injerencia no”, fue una de las frases utilizadas por Mariaca al responder a Washington. El fiscal también aseguró que las presiones nacionales o internacionales no podían impedir que la Fiscalía continuara investigando los casos que tenía bajo su responsabilidad, incluyendo el denominado Caso Cerimedo.
Mariaca negó además las acusaciones formuladas por el régimen de Estados Unidos, que lo señaló de supuestamente solicitar y aceptar sobornos para facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico y ayudar a criminales a evadir la justicia, lo que sería un burdo invento para terminar con la investigación en contra de Cerimedo.
Hasta ese momento, Washington había presentado esas acusaciones como fundamento para la revocación de su visa. Pero la consecuencia posterior resulta políticamente extraordinaria, el fiscal que denuncia presión extranjera termina detenido apenas 48 horas después.
El Caso Cerimedo
Fernando Cerimedo no es un personaje cualquiera dentro de la política latinoamericana. El consultor argentino ha desarrollado actividades políticas y comunicacionales en distintos países de la región, incluido Chile, y ha estado relacionado con sectores de la derecha latinoamericana. En Chile estuvo vinculado a la campaña del Rechazo durante el proceso constitucional y su nombre también ha aparecido en investigaciones y reportajes relacionados con operaciones políticas y digitales a favor de José Kast.
En Bolivia, Cerimedo enfrenta investigaciones judiciales por hechos graves, entre ellos una causa relacionada con el intento de feminicidio contra la abogada Nadia Beller, además de otras indagaciones.