
En promedio, un integrante del equipo de gobierno deja su cargo cada cuatro días, sumando más de 30 salidas entre ministros, subsecretarios y seremis.
A 138 días del inicio de la administración de José Kast, el proceso de instalación del Ejecutivo se ha visto impactado por una constante salida de autoridades. De acuerdo con datos oficiales, 33 integrantes del gobierno, entre ministros, subsecretarios y seremis, han renunciado o han sido despedidos, cifra que equivale al término de funciones de una autoridad cada cuatro días y que no contempla a seremis que no llegaron a asumir.
La baja más reciente se registró en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, repartición que confirmó la aceptación de la renuncia del seremi de Tarapacá, Cristián Cabezas. Este hito ocurrió pocas horas después de la desvinculación del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, motivada por el resultado positivo en un examen de drogas de junio pasado.
El gabinete ministerial ya registraba salidas en mayo, cuando dejaron sus puestos la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y la exvocera de gobierno, Mara Sedini. Steinert dejó el cargo tras cuestionamientos a la elaboración del plan de seguridad y controversias en el área de inteligencia de la PDI, mientras que la salida de Sedini se dio tras cuestionamientos a la estrategia comunicacional del Ejecutivo, en definitiva, a la nula capacidad en el cargo.
En el nivel de subsecretarías se han sumado otros movimientos. Con el ajuste en Seguridad Pública tras la llegada del ministro Martín Arrau, dejaron sus funciones los exsubsecretarios Andrés Jouannet (Seguridad Pública) y Ana Victoria Quintana (Prevención del Delito). A ello se añaden renuncias por desavenencias internas, como la del exsubsecretario de Ciencia, Rafael Araos, e igual decisión adoptada por Daniela Castro en la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género.
El grueso de las desvinculaciones se concentra en las seremias regionales, con 24 salidas confirmadas en distintas carteras a lo largo del país, afectando áreas como Educación, Salud, Obras Públicas, Desarrollo Social y Justicia en zonas que van desde Arica y Parinacota hasta Aysén.