El organismo fiscalizador solicitó antecedentes al organismo público tras denuncia por posible uso indebido de un automóvil estatal y el pago del beneficio deportivo a la secretaria de Estado.
La Contraloría General de la República (CGR) requirió un informe formal al Ministerio del Deporte luego de acoger a tramitación una denuncia administrativa contra la titular de la cartera, Natalia Duco. Las imputaciones apuntan al posible uso indebido de un automóvil estatal para fines personales y a la recepción indebida de la Beca Proddar tras haber asumido su cargo en el gobierno de Kast.
La acción fue presentada a inicios de este mes por un particular, solicitando al órgano de control esclarecer si la exatleta debía haber renunciado con anticipación a la asignación económica que recibía como deportista de alto rendimiento y si procede la restitución de los fondos devengados durante ese período.
Dentro de los puntos descritos en la presentación se exige auditar un episodio ocurrido la noche del 23 de abril. Según el requerimiento, la ministra habría ocupado un vehículo institucional para trasladarse a un evento nocturno de carácter privado, ajeno a sus funciones laborales.
Desde la CGR confirmaron que el requerimiento se encuentra en curso bajo los protocolos de rutina. En ese sentido, la entidad precisó que, ante el ingreso formal de la acusación, se procedió a solicitar los descargos correspondientes a la cartera del Deporte.
A la revisión del traslado oficial se suma la indagatoria sobre la vigencia de la Beca Proddar asignada a Duco. El escrito sostiene que la ministra habría decidido finalizar su trayectoria deportiva en enero, por lo que se busca establecer si existió un cobro injustificado del beneficio durante los meses posteriores y en el ejercicio de sus funciones ejecutivas.
De comprobarse el uso no autorizado del vehículo, la autoridad podría enfrentar un proceso disciplinario por infracción a la normativa que regula la flota estatal (Decreto Ley 799). La determinación final de los hechos y el eventual establecimiento de responsabilidades administrativas quedarán en manos del organismo contralor.