En su declaración ante las fiscales de Valparaíso, el abogado ratificó entregas periódicas de dinero bajo el segundo mandato de Sebastián Piñera y detalló cómo operaba la coordinación entre juristas y exautoridades para incidir en la designación de ministros en el Poder Judicial.
En una extensa declaración prestada el pasado 27 de agosto ante la Fiscalía Regional de Valparaíso, el abogado Luis Hermosilla entregó detalles sobre el funcionamiento interno de las defensas de autoridades durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y las maniobras para influir en los nombramientos del Poder Judicial. El testimonio se enmarca en la causa por irregularidades en la designación de jueces que encabezan las fiscales Claudia Perivancich y Paola Castiglione.
Durante la diligencia, Hermosilla ratificó que tanto él como el abogado Samuel Donoso recibieron entregas periódicas de dinero en efectivo desde el Palacio de La Moneda. Según expuso, estos pagos ascendían a cerca de 100 UF mensuales para cada uno (aproximadamente 3,5 millones de pesos de la época) y se realizaban de forma paralela a sus contratos de asesoría en el Ministerio del Interior.
El jurista explicó que la medida fue coordinada a raíz del interés de Piñera por conocer al detalle las estrategias en causas vinculadas a los hechos del 18 de octubre de 2019 y la pandemia del Covid-19.
Respecto a la modalidad, señaló que los montos se acumulaban y se entregaban trimestralmente en efectivo por medio de asesores de confianza de la Presidencia, citando a Benjamín Salas Kantor y, posteriormente, a Andrés Sotomayor. Hermosilla sostuvo desconocer el origen de los fondos, no haber firmado contratos ni emitido boletas de honorarios por tales conceptos, y precisó que la información sobre dicho esquema le fue transmitida por Andrés Chadwick o Benjamín Salas, extendiéndose los pagos hasta mediados del año 2022.
Redes de influencia y designación de jueces
En la segunda parte del interrogatorio, las fiscales abordaron las gestiones destinadas a la selección de magistrados. Hermosilla reconoció que existía interés en promover candidatos en los tribunales para facilitar el acceso en causas de interés particular. En ese ámbito, apuntó a las coordinaciones mantenidas junto a Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik, en contacto directo con Héctor Mery, entonces jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y actual integrante del Tribunal Constitucional.
Hermosilla se refirió también a las gestiones de Gabriel Zaliasnik, señalando que este contaba con mayor llegada a integrantes de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema, y abordó solicitudes para interceder ante jueces en causas específicas. Asimismo, dio cuenta de conversaciones mantenidas con el abogado José Ramón Correa referentes al nombramiento de ministros en Santiago y a la cercanía con otras autoridades del sector.
La declaración de Hermosilla, que abarca múltiples carpetas investigativas (RUC) en Valparaíso, servirá como insumo central para las futuras solicitudes del Ministerio Público en las causas por cohecho y tráfico de influencias que involucran a jueces, abogados litigantes y exfuncionarios públicos.