Israel aprueba pena de muerte con la horca… pero solo para palestinos

La Knesset Parlamento) votó 62 a 48 a favor de la ley impulsada por el ultraderechista Itamar Ben-Gvir. La medida se aplicará exclusivamente a palestinos juzgados en tribunales militares, no a colonos israelíes acusados de crímenes similares.

El Parlamento israelí (Knesset) aprobó este lunes 30 de marzo, con 62 votos a favor y 48 en contra, una ley que establece la pena de muerte por horca como castigo para palestinos residentes en Cisjordania condenados por ataques contra israelíes en el marco de los tribunales militares que rigen en los territorios ocupados por el régimen criminal israelí.

La norma, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, líder de la extrema derecha israelí, y respaldada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, obliga a los jueces militares a imponer la pena de horca salvo en circunstancias definidas como excepcionales, sin que la ley precise con claridad en qué consisten. Los jueces podrán optar por cadena perpetua, pero la pena de muerte queda establecida como norma. La ejecución podría llevarse a cabo en un plazo aproximado de 90 días desde la condena, sin derecho a clemencia en algunos casos.

Un sistema de doble vara

Lo descabellado, como todo lo israelí es que la ley se aplica de forma exclusiva a palestinos juzgados en tribunales militares, que operan con menores garantías procesales que los tribunales civiles, según han denunciado reiteradamente organizaciones de Derechos Humanos. Los colonos israelíes asentados en Cisjordania que cometan crímenes similares quedan sujetos al derecho civil israelí y no están alcanzados por esta normativa.

Si bien Israel contemplaba la pena de muerte en casos excepcionales como traición o crímenes de guerra, esta no se aplicaba desde hacía décadas para casos de asesinato. La nueva ley crea un régimen diferenciado y más severo para la población palestina bajo ocupación militar.

Rechazo internacional

La medida fue inmediatamente condenada por organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, Adalah y B’Tselem, así como por expertos de la ONU y varios gobiernos europeos.

Las críticas apuntan a que la ley viola el derecho a la vida, consolida un sistema discriminatorio basado en el origen étnico y podría constituir una violación del derecho internacional.

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