El proceso judicial, motivado por declaraciones de la profesional, es calificado por organismos internacionales y la defensa como un nuevo acto de hostigamiento y criminalización hacia su labor en Derechos Humanos.
Una nueva investigación penal se encuentra abierta en contra de la abogada de derechos humanos Karina Riquelme Viveros, conocida por su representación jurídica en causas vinculadas a comunidades mapuche y defensa territorial. Según reporteo realizado por el medio independiente Interferencia.cl, el proceso comenzó en octubre del año 2025 y busca determinar un presunto delito de violación de reserva procesal, a raíz de declaraciones emitidas por la profesional a los medios de comunicación en el marco de la búsqueda de Julia Chuñil.
La indagatoria fue promovida por la fiscal de Los Ríos, Tatiana Esquivel, quien actúa como contraparte en la causa por la desaparición de Chuñil, mujer mapuche de 72 años de quien se perdió el rastro el 8 de noviembre del año 2024 en las cercanías de la Reserva Cora Número Uno-A, en la comuna de Máfil.
Interferencia.cl informa que el representante legal de Riquelme, el abogado Rodrigo Pizarro Rosales, explicó que están evaluando las vías judiciales para ejercer la defensa. El profesional detalló al medio que, además de abordar la indagatoria por la supuesta falta a la reserva, recurrirán ante los tribunales para solicitar un pronunciamiento formal por los seguimientos y fotografías en la vía pública de los cuales ha sido objeto su representada por parte de la policía mientras ejercía sus funciones. Pizarro criticó el proceder del Ministerio Público, señalando que se han puesto trabas infundadas para acceder a los antecedentes de la carpeta, por lo que aún no existe una imputación formal notificada.
Alerta internacional y académica
Interferencia.cl añade en su investigación que la apertura de esta causa generó un rechazo inmediato en el ámbito académico y de la defensa de los derechos fundamentales. Myrna Villegas Diaz, profesora del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, advirtió que perseguir penalmente a una defensora por declaraciones públicas en casos de alto impacto genera un riesgo de efecto inhibitorio para todo el gremio, afectando el debido proceso y el acceso a la justicia.
A nivel internacional, la organización Front Line Defenders, con sede en Dublín, manifestó su preocupación por el escenario de vulnerabilidad que enfrentan los activistas en el país. Julia Lima, coordinadora de protección para las Américas de la ONG, cuestionó que el Estado chileno utilice sus capacidades para frenar la labor de protección en lugar de aclarar la desaparición de la defensora indígena Julia Chuñil.
En la misma línea, Javier Garate, asesor senior de la organización Global Witness, con oficinas en Londres, Washington D. C. y Bruselas, alertó sobre el incremento de la criminalización hacia los profesionales del derecho que representan a víctimas de conflictos territoriales y ambientales.
Historial de vigilancias
Este caso se suma a un historial de denuncias por hostigamiento que Riquelme ha presentado durante su trayectoria. Recientemente se revelaron informes de inteligencia policial del año 2023 que daban cuenta de seguimientos, registros de patentes y control de movimientos tanto a ella como a la abogada Patricia Cuevas en los alrededores del Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno.
Antecedentes similares se remontan al año 2010 y, de forma más notoria, a los episodios vividos durante la denominada Operación Huracán, donde la jurista denunció seguimientos por agentes de civil, interceptaciones telefónicas bajo la Ley de Inteligencia y el uso de luces láser en su vivienda de Temuco. Dicho proceso culminó con el sobreseimiento de los comuneros mapuches y la posterior condena de funcionarios de Carabineros por manipulación de pruebas. En octubre de 2016, la Corte Suprema ya había emitido un fallo favorable a Riquelme mediante un recurso de amparo, donde ordenó proteger el libre ejercicio de su profesión y reconoció que las vigilancias policiales perturbaban de forma ilegítima su labor.
Para la defensa de la abogada, estos hechos reiterados demuestran un patrón sistemático de vigilancia y criminalización en contra de los profesionales que litigan causas de violencia estatal y derechos indígenas en la zona sur del país.
Puede leer la nota de Interferencia.cl acá:
Denuncian seguimientos y persecución judicial a reconocida abogada de causas sociales