Pese a lo anterior, Chile destaca por contar con una de las redes de monitoreo más robustas de América Latina, con 72 estaciones operativas en el país.
Chile empeoró su posición en el Informe Anual sobre Calidad del Aire en el Mundo 2025, elaborado por IQAir, al pasar del puesto 62° en 2024 al 54° en 2025 en el ranking de países con mayor concentración de material particulado fino (MP2.5), entre 143 naciones, regiones y territorios analizados.
El reporte —el octavo de su tipo— considera información de más de 40 mil estaciones de monitoreo distribuidas en 9 mil 446 ciudades del planeta.
El informe volvió a destacar la crítica situación de cinco ciudades del sur de Chile: Coyhaique, Nacimiento, Cochrane, Pitrufquén y Loncoche. Coyhaique, además, figura como la segunda ciudad más contaminada de América Latina.
Chile concentra cinco de las 15 zonas con mayores niveles de contaminación por MP2.5 en la región, solo superado por Perú.
Para Silvana Espinosa, experta en Clima y Ecosistemas de Greenpeace, los datos son alarmantes. «Ciudades como Coyhaique y Nacimiento registran niveles de contaminación que superan entre 7 y 10 veces las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que implica un riesgo directo para la salud de las personas expuestas», advirtió.
Respecto de Cochrane, Pitrufquén y Loncoche, señaló que sus niveles también exceden entre 5 y 7 veces las recomendaciones internacionales, «evidenciando la magnitud del problema en distintas zonas del sur del país».
La especialista indicó que la contaminación atmosférica en Chile responde tanto a fuentes antropogénicas como naturales, siendo el transporte y la quema de leña para calefacción y cocina las principales fuentes de MP2.5 en el sur, a las que se suman los efectos de la mayor ocurrencia de grandes incendios forestales.
Preocupación por medidas del actual gobierno
Espinosa también apuntó a decisiones recientes de la administración del presidente José Antonio Kast que, a su juicio, debilitan los instrumentos de gestión ambiental. Entre ellas mencionó la rebaja transversal de 3 por ciento del gasto en todos los ministerios, la instrucción de detener nuevos programas y transferencias, la decisión de retrotraer el decreto ambiental que buscaba establecer una norma de emisión para centrales termoeléctricas, y la remoción del decreto de descontaminación para Puerto Aysén.
«Estas decisiones terminan por debilitar instrumentos de gestión, y provocan que se agraven problemas que afectan gravemente la salud de la población», sostuvo.