La Comisión de Seguridad de la Cámara aprobó reducir de 23 a 15 las conductas que recibirán sanciones adicionales en el proyecto impulsado por el Ejecutivo. Una propuesta para incorporar fraudes financieros y delitos económicos fue rechazada.
La discusión sobre el proyecto que crea un Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades volvió a instalar una pregunta incómoda: ¿el endurecimiento de las sanciones está dirigido principalmente contra quienes protagonizan desórdenes en el espacio público, mientras los delitos económicos de cuello y corbata reciben un tratamiento distinto? Así es.
La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una reducción del catálogo de conductas contempladas inicialmente en la iniciativa, pasando de 23 a 15, a propuesta del Ejecutivo. El proyecto corresponde al boletín N.º 18.341-25 y se encuentra en primer trámite constitucional.
Entre las conductas eliminadas del catálogo se encuentran las amenazas contra la autoridad y determinados delitos de lesiones y homicidio que afecten a fiscales, defensores públicos o funcionarios de Carabineros, considerando que estos hechos ya cuentan con normas penales específicas y estatutos de protección reforzada.
En paralelo, la comisión resolvió incorporar el maltrato animal y nuevas conductas vinculadas a incivilidades, como la acumulación de basura en la vía pública y el abandono, destrucción o desarmaduría clandestina de vehículos.
La Comisión de Seguridad RECHAZÓ incluir los delitos económicos en el Registro de Vándalos. O sea: si rayas un muro, entras al registro. Si defraudas al Fisco, coludes o robas con corbata (como en las colusiones de pollos y farmacias vinculadas a Quiroz), no. Qué conveniente.… pic.twitter.com/U1sPSNDAm9
— Jaime Araya Diputado (@Dip_JaimeAraya) September 21, 2026
¿Y los delitos de cuello y corbata?
Fue precisamente en este punto donde surgió uno de los cuestionamientos más duros al proyecto. Parlamentarios de oposición plantearon incorporar al registro los fraudes financieros y otros delitos económicos, argumentando que no resulta coherente establecer mecanismos especiales de sanción y registro para determinadas conductas cometidas en las calles, o sea, en contra de personas comunes y corrientes, mientras delitos que pueden provocar enormes perjuicios económicos quedan fuera de este mecanismo, o sea delitos cometidos por la elite.
El diputado Patricio Pinilla (DC) utilizó un ejemplo para graficar la diferencia que, a su juicio, existe en el tratamiento de unas y otras conductas. “Si un alumno hoy se toma un colegio, va a pasar al registro de actos vandálicos por el delito de usurpación; pero si el rector o el administrador de ese establecimiento se queda con toda la plata, incluso la pública, no pasa a ningún registro”. El parlamentario calificó esta situación como injusta.
En la misma línea, el diputado Jaime Araya (PPD) sostuvo que los delitos denominados de “cuello y corbata” deberían recibir sanciones reforzadas debido al impacto que pueden provocar y porque, según argumentó, suelen ser cometidos por personas que tuvieron acceso a educación y oportunidades, o sea de la elite.
Respuesta del Gobierno
La propuesta, sin embargo, no prosperó. El ministro del Interior subrogante, Máximo Pavez, defendió la decisión del Gobierno, señalando que los delitos económicos ya cuentan con una legislación específica y que el proyecto en discusión tiene otro objetivo.
“Los delitos económicos tienen su propia sanción en su propia ley específica, que además es reciente”, explicó. Según Pavez, la iniciativa busca sancionar conductas relacionadas solo con el orden público, diferenciándolas del tratamiento penal de los delitos económicos.
Es precisamente esta distinción la que abre el debate político. Mientras el proyecto establece un registro especial para determinadas conductas asociadas a vandalismo e incivilidades, los delitos económicos seguirán siendo perseguidos bajo sus respectivas normas.
Una discusión que va más allá de una lista de delitos
Para sus críticos, el problema no estaría solamente en cuáles delitos entran o salen de un registro, sino en el modelo de seguridad que se está construyendo.
Desde esa perspectiva, el endurecimiento de las herramientas contra las manifestaciones, las ocupaciones, los cortes de tránsito y otras expresiones de descontento social podría terminar concentrando el peso punitivo del Estado sobre personas que protagonizan conflictos en el espacio público, mientras los delitos económicos cometidos desde posiciones de poder continúan bajo un régimen jurídico diferente.
Es una crítica que conecta directamente con una vieja discusión sobre la desigualdad en la aplicación del poder penal: qué conductas son consideradas una amenaza prioritaria para el orden público y cuáles reciben un tratamiento institucional distinto cuando sus autores pertenecen a sectores de mayor poder económico o social.
La votación de la comisión no significa que el debate esté cerrado. El proyecto continúa su tramitación legislativa y podría experimentar nuevas modificaciones antes de convertirse eventualmente en ley.