El ente fiscalizador detectó que, de ocho instalaciones comerciales inspeccionadas en Avenida Imperial, cuatro carecían de autorización y las restantes mantenían sus permisos vencidos, ordenando al municipio regularizar la situación a la brevedad.
La Contraloría Regional acogió de manera oficial la denuncia presentada por la concejala Paola Retamal respecto a la instalación irregular de locales comerciales en la Avenida Imperial, ubicada en la localidad de Nehuentúe.
El organismo fiscalizador constató en terreno una serie de anomalías y determinó que la entidad municipal no ejerció correctamente sus atribuciones de administración y fiscalización de los bienes nacionales de uso público.
Durante la inspección, se verificaron ocho instalaciones comerciales en el sector. De ese total, cuatro no contaban con ningún tipo de permiso municipal, mientras que los cuatro restantes presentaban autorizaciones que ya se encontraban vencidas. Asimismo, en el proceso de revisión no se logró acreditar el cumplimiento de exigencias básicas y obligatorias, tales como resolución sanitaria correspondiente, patente comercial vigente, pago de los derechos municipales respectivos.
Adicionalmente, el informe de la Contraloría advirtió la presencia de construcciones sólidas y ampliaciones que dificultan o derechamente impiden el carácter provisorio que debieran mantener los carros de comida (food trucks) instalados en la vía pública.
Las acciones ordenadas al municipio
Ante la gravedad de los hallazgos, el órgano contralor instruyó de manera perentoria a la municipalidad la ejecución de las siguientes medidas:
Fiscalizar de forma exhaustiva los ocho casos específicos detectados en Avenida Imperial.
Regularizar la situación jurídica y de funcionamiento de dichos espacios.
Verificar el estricto cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes.
Informar detalladamente a la Contraloría sobre las acciones y medidas adoptadas dentro de los plazos jurídicos establecidos.
Al respecto, la concejala Paola Retamal Arévalo valoró el pronunciamiento oficial del organismo, asegurando que el resguardo del espacio público es una prioridad para la comunidad.
«La labor de un concejal es representar a la comunidad y velar porque las actuaciones municipales se ajusten a la legalidad y la transparencia», enfatizó la autoridad local, reiterando que fiscalizar es proteger el patrimonio público y hacer cumplir la ley.