Las empresas deberán ofrecer alternativas a los sistemas biométricos, ya que requerirán el consentimiento expreso de los trabajadores para su implementación.
El debate sobre la privacidad de la información laboral toma un nuevo giro con la entrada en vigencia de la ley 21.719, cuerpo legal que regula la protección de datos personales.
A contar del primero de diciembre de este año, los sistemas tradicionales de control de asistencia basados en la huella digital dejarán de ser una imposición obligatoria por parte de los empleadores, abriendo la puerta a un esquema de validación mucho más estricto y regulado.
Bajo este nuevo marco normativo, la huella digital ya no será considerada como un registro de control cualquiera, sino que se clasificará bajo la categoría de dato biométrico. La legislación actual eleva este tipo de información al rango de dato sensible, otorgándole el estándar de protección jurídica más alto disponible en el ordenamiento legal chileno.
En la práctica, esto implica que los lugares de trabajo necesitarán contar con el consentimiento expreso y libre de cada trabajador para recopilar y almacenar estos registros. Debido a la naturaleza de subordinación inherente al vínculo laboral, donde la libertad para otorgar dicho consentimiento puede verse cuestionada, la normativa establece salvaguardas claras para los dependientes.
Si un empleado decide negarse a entregar su huella digital, la empresa estará impedida de obligarlo. Frente a este escenario, las áreas de Recursos Humanos de las compañías tendrán la obligación legal de proveer mecanismos alternativos y menos invasivos para el registro de la jornada laboral.
Entre las opciones válidas para sustituir los lectores biométricos se encuentran el uso de tarjetas físicas de proximidad, contraseñas o el tradicional libro de asistencia en papel.
La cuenta regresiva para la implementación definitiva de la ley 21.719 ya comenzó, por lo que las organizaciones deberán iniciar de manera anticipada la búsqueda y validación de sistemas tecnológicos alternativos que aseguren el cumplimiento de la norma a partir del primero de diciembre.