Tras el deceso del exdirigente socialista, ocurrido este 4 de septiembre, vuelve al debate público la controvertida actuación del exparlamentario en el organismo de inteligencia civil creado durante el gobierno de Patricio Aylwin.
El reciente fallecimiento de Camilo Escalona, registrado este 4 de septiembre, reabre el debate sobre una de las etapas más controvertidas de su trayectoria política: su vínculo activo con el Consejo Coordinador de Seguridad Pública (CCSP), conocido popularmente como «La Oficina».
Antecedentes compilados por el medio La Marejada y retratados en el libro “Rati. Agente de La Oficina”, de los periodistas Dauno Tótoro y Javier Rebolledo, recuerdan la figura del expresidente del Partido Socialista como un nexo fundamental y un articulador político clave de dicha entidad.
El rol de Escalona en la estructura de inteligencia civil creada el 26 de abril de 1991 fue más allá de la gestión institucional. Mantenía una relación personal y de profunda confianza, forjada durante la clandestinidad y el exilio, con Óscar Carpenter, encargado operativo de «La Oficina» e instructor formado en Alemania del Este y Cuba. De hecho, en 1990, un año antes de la puesta en marcha del organismo, ambos habían constituido la sociedad comercial Centro de Estudios Sociales Salvador Allende Ltda., usando el nombre del expresidente, lo que suelen hacer convenientemente estos personajes oscuros, haciendo que Allende se revuelque en su tumba.
La historia de la época rememora la estrategia desplegada para desarticular al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y al Movimiento Juvenil Lautaro (MJL). Mediante testimonios como el del exagente policial Jesús Silva San Martín y documentación judicial, se da cuenta que la entidad funcionó utilizando métodos cuestionados como infiltraciones, delaciones, montajes y abusos de poder en “democracia”, además de apoyarse en la experiencia operativa de exintegrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), como Daniel Cancino Varas.
A lo largo de los años, la postura de Escalona frente al trabajo de «La Oficina» se mantuvo firme. En agosto de 1996, el dirigente defendió públicamente la labor del organismo asegurando que había actuado «eficazmente y sin violar los derechos humanos», respaldando las acciones que derivaron en la detención de 80 miembros de organizaciones armadas.
Frente a esta versión, reportes de la época registran 96 personas asesinadas a manos de agentes del Estado durante el periodo comprendido entre 1990 y 1994, o sea, bajo el mandato del demócrata cristiano Patricio Aylwin.
La influencia de esta etapa siguió proyectándose en la escena política nacional hasta años recientes. En 2025, el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami hizo alusión directa a la sombra de «La Oficina» al denunciar presiones dirigidas por el propio Escalona y Marcelo Schilling para frenar iniciativas legislativas.
Tras su partida, la figura del exsenador y exdiputado vuelve a situarse en el centro de las revisiones históricas sobre los límites del poder estatal y la guerra sucia durante la transición chilena. En resumen: no todos los muertos son buenos.