
La mesa directiva del gremio rechazó la deslegitimación política de sus funciones y llamó a los poderes del Estado a resguardar la autonomía y las atribuciones alcanzadas por el organismo en más de 10 años de trayectoria.
A través de una declaración pública, la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) manifestó su profunda preocupación por los reiterados cuestionamientos, propuestas de reforma regresiva y amagos de eliminación que ha enfrentado la entidad en las últimas semanas.
En el documento emitido por la mesa directiva de los trabajadores, se remarcó que la institucionalidad de Derechos Humanos no es materia de negociación ni un simple ajuste técnico, sino un compromiso internacional del Estado de Chile con la protección de las personas, en especial de quienes sufren vulneraciones por acción u omisión estatal.
Asimismo, la organización rechazó la deslegitimación política de su labor. El gremio sostuvo que tildar de «sesgada» o «partidista» la fiscalización sobre el Estado busca instalar de forma errónea los Derechos Humanos como una posición ideológica y no como una obligación jurídica y ética. En esa línea, argumentaron que en un Estado de derecho es completamente normal que las instituciones de Derechos Humanos incomoden a los poderes públicos.

Los funcionarios recordaron que su labor de promoción y protección abarca temas transversales para la ciudadanía, como el acceso al agua, la salud, la educación, la prevención de la tortura, el derecho a un medio ambiente sano y los derechos culturales.
Frente a la contingencia, la mesa directiva hizo un llamado a la no regresividad, instando a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a resguardar los avances institucionales consolidados desde el retorno a la democracia. «Cualquier modificación a nuestro mandato, gobernanza o presupuesto debe fortalecer —nunca debilitar— la autonomía, las atribuciones y los estándares alcanzados en más de 10 años de trabajo», enfatizaron.
Finalmente, los trabajadores valoraron el seguimiento de la sociedad civil y de la comunidad internacional, reafirmativa de que continuarán ejerciendo su labor con rigor técnico y autonomía, independiente del escenario político de turno.