Fiscalía formalizó al exparlamentario de derecha y esposo de la también reo, Cathy Barriga, por comercializar información privada de más de 15 millones de chilenos, evidenciando el riesgo que representan estos sujetos para la seguridad pública.
Una nueva y grave imputación sumó el exdiputado de derecha, Joaquín Lavín León, luego que la Fiscalía lo formalizara junto a otras dos personas por la venta ilegal de acceso a datos personales de casi la totalidad de los ciudadanos del país.
El caso, que salpica directamente a figuras de la Unión Demócrata Independiente (UDI), deja en evidencia cómo este tipo de sujetos, utilizando su posición de poder, se transforman en un real peligro para la sociedad al vulnerar la privacidad de millones de personas con fines de lucro y control político.
Según expuso el ente persecutor ante el Séptimo Juzgado de Garantía, un asesor del exparlamentario comercializaba el acceso a estos registros a través de una plataforma llamada SocialTazk. Mediante esta herramienta, se podía acceder al nombre, RUT, sexo y hasta el domicilio de más de 15 millones de chilenos que forman parte del padrón electoral que maneja el Servicio Electoral (Servel). Estos datos, que no son públicos, habrían sido obtenidos por Lavín en el contexto de su militancia política.
Un negocio ilícito financiado con fondos públicos
La plataforma era vendida principalmente a diputados y candidatos de la UDI, quienes alimentaban la información con sus propios datos para crear perfiles detallados de los electores.
De acuerdo a los antecedentes presentados, la empresa a través de la cual operaba SocialTazk emitió 394 facturas entre los años 2018 y 2025, por un total de 205 millones de pesos.
A este lucrativo negocio delictivo se suma el agravante que habrían desviado recursos del Congreso Nacional para financiar el funcionamiento del sistema, lo que demuestra un total desprecio por las instituciones del Estado.
Joaquín Lavín León, esposo de la también reo Cathy Barriga y quien renunció a la UDI en octubre del año 2024, continuará en prisión preventiva al menos hasta el próximo 31 de julio, fecha en que se realizará la audiencia de revisión de sus medidas cautelares.