El 70 por ciento de las llamadas desde números desconocidos en territorio nacional son contactos no deseados, liderando globalmente en acoso por cobranzas.
Chile ha alcanzado un nuevo preocupante hito internacional al posicionarse como el segundo país con más llamadas no deseadas a nivel global, según reveló el estudio «The Machine Era for Spam» de la empresa Truecaller.
Los datos muestran un escenario de desprotección total para los usuarios, a lo que los chilenos están acostumbrados, donde el spam telefónico ha escalado de un 51 por ciento a un 70 por ciento de las llamadas provenientes de números desconocidos.
Este ascenso sitúa al país solo por debajo de Indonesia (79 por ciento) y deja en evidencia una «tierra de nadie» regulatoria.
Mientras en otras latitudes existen normativas severas para frenar el acoso, obviamente en Chile el abuso parece ser la norma permitida por las autoridades.
El informe, que analizó más de 68 mil millones de llamadas y cerca de 179 mil millones de mensajes durante el año 2025, confirma que el canal telefónico se ha transformado en una fuente incesante de interrupciones y pérdida de privacidad.
Liderazgo en acoso por cobranza
La radiografía del spam en Chile es particularmente agresiva. El 38 por ciento de estas llamadas corresponde a gestiones de cobranza, la cifra más alta del mundo en esta categoría. A esto se suman los servicios financieros con un 22 por ciento y las estafas, que ya alcanzan el 10 por ciento de los contactos.
A diferencia de otros países donde predomina el telemarketing comercial, el usuario chileno enfrenta un sistema de hostigamiento por deudas que no encuentra freno estatal. Desde Truecaller advierten que la confianza entre empresas y ciudadanos se ha roto, asociando el timbre del teléfono casi exclusivamente a experiencias negativas.
En el contexto regional, Chile supera a gigantes como Brasil (68 por ciento) y México (62 por ciento), consolidándose como el epicentro de un fenómeno que, bajo el amparo de la digitalización y el acceso financiero, ha dejado a los chilenos vulnerables ante un flujo interminable de llamadas automatizadas y agentes de cobranza que operan sin mayores restricciones.