Este fallo reaviva las críticas hacia un sistema judicial que, una vez más, parece incapaz de tocar a la elite, mientras los sectores más vulnerables enfrentan castigos severos.
Hoy, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó un veredicto que cierra sin condenas el emblemático caso SQM, tras 10 años de investigación y tres años de juicio oral. Los ocho imputados, entre ellos el exsenador Pablo Longueira, el exgerente de SQM Patricio Contesse y el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, fueron absueltos de cargos de cohecho, soborno y delitos tributarios.
Este fallo reaviva las críticas hacia un sistema judicial que, una vez más, parece incapaz de tocar a la elite, mientras los sectores más vulnerables enfrentan castigos severos.
El caso SQM, surgido en 2015 como parte de un escándalo de financiamiento irregular de campañas políticas, reveló un esquema de facturas falsas que inyectó más de US$14,7 millones a políticos y partidos entre 2008 y 2014. A pesar de las pruebas iniciales y los acuerdos previos de SQM por multas millonarias, el tribunal argumentó que la demora excesiva de la Fiscalía y la sobrecarga de evidencia irrelevante impidieron un juicio justo, absolviendo a todos los involucrados.
Esta decisión, tomada por mayoría de 2-1, ha sido calificada como una «derrota histórica» por el exfiscal Carlos Gajardo, quien denunció una «impunidad política» arraigada en el sistema.
El veredicto absolutorio en SQM es el punto final de una historia de impunidad que empezó 10 años atrás en la propia Fiscalía y en el SII, orquestada transversalmente por los políticos. Demuestra lo difícil que es que la ley se aplique por igual para todos. pic.twitter.com/eq72hVNGlc
— Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) October 22, 2025
La ciudadanía observa con indignación cómo, en un país marcado por profundas desigualdades, la justicia vuelve a mostrar su rostro selectivo. Mientras figuras de poder como Longueira y Contesse salen «libres de polvo y paja», miles de personas de escasos recursos enfrentan cárceles abarrotadas por delitos menores o en condiciones de vulnerabilidad.
Este fallo no solo pone en jaque la credibilidad de las instituciones judiciales, sino que refuerza la percepción de un doble estándar: la ley protege a los poderosos y castiga a los pobres.
Organizaciones sociales y querellantes, como la Fundación Ciudadano Inteligente, han lamentado que la atomización de las causas haya diluido la posibilidad de justicia. La crítica se suma a una larga lista de casos donde la elite evade responsabilidades, mientras la población reclama un sistema judicial que realmente represente la equidad.
Este veredicto deja por enésima vez un sabor amargo en Chile y reabre el debate sobre la necesidad urgente de reformas que garanticen imparcialidad y acceso a la justicia para todos, sin distinción de clase o poder.