El Ministerio Público presentó la acusación contra cinco implicados en el cautiverio y fallecimiento de un joven en el sector de Pedro de Valdivia, un delito planificado desde el interior de la Cárcel de Pitrufquén.
La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía presentó formalmente la acusación en contra de cinco personas imputadas por el secuestro extorsivo con resultado de muerte de José Tomás Tamayo, hecho ocurrido en octubre del año 2025 en Temuco. La investigación penal determinó que el crimen fue planificado y coordinado desde el interior de la Cárcel de Pitrufquén.
De acuerdo con los antecedentes reunidos en la carpeta investigativa, el ilícito comenzó el 21 de octubre de ese año, cuando la víctima fue abordada en el Terminal Rodovario de la capital regional mientras se preparaba para viajar a Santiago. Tras su captura, el joven fue trasladado a un inmueble ubicado en el sector de Pedro de Valdivia, lugar donde sufrió graves torturas mientras sus captores realizaban exigencias económicas a su familia.
«La víctima fue privada de libertad para exigir dinero a su madre a cambio de su liberación. Durante el cautiverio se realizaron llamadas y mensajes extorsivos solicitando inicialmente la suma de 200 mil pesos como rescate», detalló el fiscal César Schibar.
Roles y detenciones
El cuerpo sin vida de la víctima fue hallado el 22 de octubre, alrededor de las 18 horas con 40 minutos, durante un operativo realizado por la PDI en la vivienda de cautiverio. En dicho procedimiento se concretó la captura de Benjamín García Alegría y de un menor de edad, quienes operaron como los ejecutores materiales del secuestro y de los apremios físicos.
El fiscal del caso precisó que la red criminal era dirigida a distancia. «El secuestro fue coordinado por uno de los acusados (Rodrigo Rojas Vila) desde el interior del Centro de Detención Preventiva de Pitrufquén, donde se encontraba privado de libertad por otra causa», afirmó el persecutor.
La indagatoria del Ministerio Público incorpora interceptaciones y transcripciones de llamadas telefónicas entre Rojas Vila y García Alegría, en las cuales coordinaban el cobro del rescate y las maniobras para evadir el control policial.
El entramado delictivo sumaba otros apoyos externos. Alicia Vila Gutiérrez, madre del recluso que coordinaba el secuestro, está acusada de colaborar en el seguimiento de la víctima y de instruir el traslado del joven hacia la casa donde finalmente falleció. En tanto, una quinta involucrada, identificada como Ágata Bustamante Arenas, fue sindicada como la facilitadora de la cuenta bancaria destinada a recibir el dinero de la extorsión.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita penas que superan los 15 años de presidio para los imputados, cuyos grados de participación individual buscará acreditar de forma definitiva durante el desarrollo del próximo juicio oral.