Sin choferes ni tarjetas de bencina: así funciona el Parlamento de Suecia en contraste con el Congreso chileno

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Mientras en Suecia los parlamentarios se movilizan mediante abonos de transporte público y carecen de tarjetas de combustible, una reciente investigación periodística en Chile expuso millonarios desembolsos en bencina y traslados por parte de diputados y senadores durante el trimestre marzo-mayo de 2026.

El uso de recursos fiscales destinados a la labor legislativa vuelve a situarse en el centro del debate público tras una investigación difundida por CHV Noticias. El reportaje, sustentado en las rendiciones de gastos publicadas a través de los portales de Transparencia, reveló que los integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado declararon más de 262 millones de pesos en combustible y traslados entre marzo y mayo de 2026, periodo marcado por el alza en el precio de las bencinas.

Las cifras difundidas por el medio evidencian diferencias significativas en los montos rendidos entre distintos parlamentarios, incluso entre aquellos que representan circunscripciones o distritos con características geográficas comparables. Entre los registros de mayor cuantía mencionados en el reporte figuran:

Senador Carlos Kuschel (RN): $5.032.016 (un promedio aproximado de $1,68 millones mensuales en el trimestre).

Senador Javier Macaya (UDI): $4.463.336.

Senador Manuel José Ossandón (RN): $3.863.633.

Senador Enrique Van Rysselberghe (RN): $3.065.869.

Diputada Carolina Tello (Frente Amplio): $3.659.177.

Diputada Joanna Pérez (Demócratas): $3.127.489.

Diputada Emilia Nuyado (PS): $3.006.249.

Desde la perspectiva del funcionamiento institucional chileno, los parlamentarios sostienen habitualmente que las asignaciones de traslados y combustible son herramientas necesarias para cubrir largas distancias territoriales, financiar el despliegue en terreno y mantener el vínculo con las comunidades en sus respectivas regiones y distritos.

El modelo de austeridad del Parlamento de Suecia (Riksdag)

La discusión sobre la regulación y el alcance de estas asignaciones en Chile encuentra un marcado contraste al observar el funcionamiento del Parlamento de Suecia (Riksdag). A pesar de tratarse de una economía de altos ingresos, el sistema legislativo sueco se rige por un principio de igualdad ciudadana que busca que sus 349 parlamentarios compartan las mismas condiciones cotidianas que los ciudadanos a quienes representan.

De acuerdo con las normativas vigentes en el Riksdag, la gestión de movilidad y gastos operativos se estructura bajo las siguientes reglas:

Prioridad al transporte público y ausencia de flota: Los legisladores suecos no cuentan con automóviles oficiales asignados ni con choferes privados; el Parlamento dispone únicamente de tres vehículos institucionales reservados para actos protocolares de la presidencia y vicepresidencias de la cámara, mientras que solo el primer ministro posee un vehículo permanente por motivos de seguridad. En reemplazo de tarjetas de combustible, cada diputado recibe un abono anual para utilizar trenes, metros y autobuses. Si el desplazamiento requiere avión dentro de Suecia o Europa, la normativa exige viajar en clase económica.

Reembolsos condicionados y prohibición de lujos: No existen tarjetas de libre disposición para cargar bencina en vehículos particulares, y está prohibido arrendar automóviles de alta gama con cargo al erario. El uso de taxi o auto propio solo procede ante la falta de cobertura de transporte público y exige presentar boletas justificadas bajo criterios de costo, tiempo e impacto ambiental. Para autos particulares, el Estado reembolsa una tarifa fija por kilómetro calculada estrictamente sobre la ruta más corta.

Gastos personales y vivienda funcional: Los consumos cotidianos, como comidas o cafés, son costeados por cada parlamentario; el empleo de tarjetas institucionales para fines privados constituye una falta grave que deriva habitualmente en la renuncia del cargo. Asimismo, quienes residen a más de 50 kilómetros de Estocolmo acceden a departamentos funcionales propiedad del Parlamento, algunos de 16 metros cuadrados, donde los propios legisladores asumen las tareas de limpieza y el uso de lavanderías compartidas, sin disponer de asesores personales individuales, sino de equipos de investigación compartidos por bancada.

Escrutinio público en tiempo real: Amparados en la Ley de Libertad de Prensa de 1766, ciudadanos y periodistas pueden revisar las rendiciones de gastos de cada legislador en tiempo real, sometiendo cualquier gasto injustificado a un inmediato control social y mediático.

Ante estos antecedentes, organizaciones ciudadanas y diversos analistas de la opinión pública cuestionan la desconexión entre la realidad económica de la clase política y la del resto del país.

Desde estos sectores críticos se sostiene que, pese a percibir remuneraciones considerablemente superiores al promedio nacional, parlamentarios chilenos recurren al máximo margen permitido por las asignaciones fiscales para cubrir costos cotidianos, o sea, como se dice en buen chileno: “chupar la teta del Estado” lo más que se pueda, mientras la amplia mayoría de las familias chilenas debe ajustar estrictamente sus presupuestos domésticos para enfrentar el costo de la vida y el alza de los combustibles sin contar con dichos respaldos institucionales.

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