Organizaciones de la sociedad civil y observadores públicos alertan que las actuales señales políticas y judiciales frente a las denuncias de agresiones sexuales revisten una gravedad extrema.
En un escenario de creciente tensión ciudadana, nuevos antecedentes estadísticos han vuelto a poner en el centro del debate la vulnerabilidad estructural que enfrentan niñas y mujeres en Chile.
De acuerdo con una investigación global desarrollada por el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME) de la Universidad de Washington y difundida por la prestigiosa revista médica The Lancet, Chile se ubica entre los cinco países con la prevalencia de violencia sexual más alta del mundo durante la infancia en mujeres, alcanzando un alarmante 31,4 por ciento.
La cifra implica que prácticamente una de cada tres niñas en el país ha sido víctima de algún tipo de agresión o abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Esta realidad sitúa al país en un panorama crítico al compararse con el promedio mundial, el cual se sitúa en un 18,9 por ciento.
Asimismo, la prevalencia de agresiones sexuales sufridas por mujeres adultas permanece sostenidamente por sobre la media internacional, consolidando una crisis silenciosa de salud pública y de derechos humanos.
Señales políticas y judiciales bajo la lupa
Este adverso diagnóstico internacional coincide con un periodo de profunda controversia interna. Diversos sectores acusan que las señales políticas y judiciales emanadas en los últimos días son en extremo graves.
El manejo de casos de alta connotación pública que involucran a figuras institucionales y de poder ha despertado intensas críticas respecto a cómo operan los protocolos de protección a las víctimas y las garantías de imparcialidad penal.
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Representantes de organizaciones sociales y defensoras de los derechos de la mujer advierten que las respuestas ambiguas, la revictimización en el debate público y la aparente lentitud o asimetría en la persecución de determinados delitos ponen en jaque la credibilidad del sistema legal.
Desde la sociedad civil se enfatiza que, ante un escenario donde los datos sitúan a Chile a la par con los peores índices globales en violencia infantil junto a naciones como India y Costa Rica, el Estado chileno no puede permitirse dar señales equívocas de impunidad o desatención institucional.
El llamado urgente de los especialistas apunta no solo a robustecer de manera definitiva la legislación de protección a los menores, sino a exigir que el poder político y el sistema judicial actúen con la máxima rigurosidad, transparencia y perspectiva de género para frenar el arraigo de una crisis de violencia que daña de forma irreparable el tejido social del país.
Director y periodista de ElPeriódico.cl