Investigación judicial por estafa con el activo digital Libra compromete al mandatario de extrema derecha tras el hallazgo de un documento que detalla pagos por publicidad y asesorías oficiales.
La situación judicial del presidente de Argentina, Javier Milei, se ha complicado tras revelarse nuevos antecedentes en la causa que investiga la estafa piramidal de la criptomoneda Libra.
Se supo que peritos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) descubrieron un documento que detalla un acuerdo económico por cinco millones de dólares a cambio del respaldo público del mandatario al proyecto digital, en el teléfono móvil del empresario Mauricio Novelli
El texto, redactado originalmente en inglés como un memorándum de entendimiento, establece una estructura de tres pagos específicos. El primero consiste en un adelanto de 1,5 millones de dólares en efectivo o activos digitales; un segundo desembolso, por el mismo monto, estaba condicionado a que Milei anunciara en la red social X que el impulsor del proyecto, el estadounidense Hayden Davis, y su entorno actuaban como sus asesores en tecnología blockchain.
Finalmente, el acuerdo contemplaba un pago de dos millones de dólares vinculado a la firma presencial de un contrato de asesoría para el Gobierno argentino en materias de inteligencia artificial y cadena de bloques.
Según los registros judiciales, el documento fue creado solo tres días antes que el 14 de febrero de 2025 el jefe de Estado publicara un mensaje promocionando la criptomoneda, acción que provocó un aumento inmediato en su valor seguido de un colapso que dejó pérdidas millonarias a miles de inversores.
La investigación también dejó al descubierto un intenso tráfico de llamadas durante el fin de semana del lanzamiento. Los registros indican que Novelli mantuvo comunicaciones con Milei a las 19 horas del día de la publicación y registró al menos 13 contactos con el asesor presidencial Santiago Caputo, además de conversaciones con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Pese a que el Ejecutivo ha intentado desvincularse del caso calificando la promoción como un acto de «fanatismo tecnológico» personal, la aparición de este contrato y la coincidencia cronológica con las acciones oficiales han generado una fuerte presión de la oposición, que exige explicaciones formales ante el Congreso y la justicia.