Juicio político destituyó a Santiago Peña y la Fiscalía ordenó su arresto junto a los directivos de Ueno Bank y exautoridades del Banco Central. El caso abre un duro contraste con Chile, donde episodios de corrupción de cuello y corbata suelen resolverse entre influencias y sin consecuencias penales.
En una jornada histórica para las instituciones del continente, el Congreso de Paraguay aprobó la destitución del mandatario Santiago Peña mediante juicio político, tras lo cual la Fiscalía General decretó su detención e imputación por lesión de confianza y otros delitos.
La medida se adoptó tras el colapso y posterior intervención de Ueno Bank, entidad ligada al exjefe de Estado donde se concentraban millonarias sumas de fondos públicos y de jubilados del Instituto de Previsión Social.
Junto a la detención de Peña, quien permanece bajo prisión preventiva y custodia policial, el Ministerio Público emitió órdenes de captura contra ocho altos ejecutivos de la institución financiera, entre ellos su presidente Miguel Vázquez Villasanti, tras detectarse graves irregularidades y préstamos dirigidos a empresas vinculadas.
Asimismo, las acciones judiciales alcanzaron al expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, exautoridad nombrada durante el gobierno de Peña y vinculada previamente al banco intervenido.
Claves de la crisis y detenciones
El Poder Legislativo de Paraguay ratificó el mal desempeño de sus funciones y retiró los fueros al presidente. Tras concretarse la remoción, asumió la presidencia del país el vicepresidente Pedro Alliana.
La Fiscalía dictó la detención del ahora expresidente Santiago Peña para ponerlo a disposición de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, manteniendo la privación de libertad en su residencia mientras se desarrollan las pericias penales.
El desplome del Ueno Bank congeló los depósitos y ahorros de miles de clientes y de decenas de miles de pensionados paraguayos, provocando intensas manifestaciones e indignación social.
Las autoridades policiales formalizaron la detención de ocho ejecutivos del grupo financiero y de exautoridades reguladoras de la banca matriz por préstamos irregulares y tráfico de influencias.
El contraste con la impunidad en Chile
El drástico desenlace institucional en Paraguay deja en evidencia la profunda brecha en materia de justicia y responsabilidad política en comparación con la realidad chilena. Mientras en el país vecino la presión de los ciudadanos y el actuar de los poderes del Estado terminaron con un jefe de Estado y banqueros tras las rejas, en Chile este tipo de escándalos de colusión y delitos de cuello y corbata habitualmente concluyen sin penas efectivas de cárcel.
Si un desfalco de esta magnitud hubiese tenido lugar en el sistema chileno, los involucrados habrían salido «limpios de polvo y paja» mediante complejas redes de protección institucional articuladas bajo la máxima de «hoy me ayudas a mí, mañana yo te ayudo a ti».
En suelo nacional, las investigaciones por corrupción empresarial y política suelen diluirse en salidas alternativas, clases de ética o sanciones administrativas menores, permitiendo que las autoridades investigadas terminen levantando candidaturas al Parlamento o recibiendo distinciones públicas. Incluso se les levantan estatuas.
La severa respuesta del sistema paraguayo representa una lección para la sociedad chilena, que a menudo desconoce la dinámica institucional de las naciones vecinas del continente y que aún convive con un arraigado patrón de impunidad ante los abusos del poder económico y político.
Director y periodista de ElPeriódico.cl