Detrás del discurso de libertad y democracia, Estados Unidos lo hace nuevamente, y esta vez en Venezuela, en donde concreta el control sobre 65 mil millones de barriles de reservas, confirmando que la prioridad geopolítica nunca fue institucional, sino energética.
La narrativa de la «liberación» finalmente encontró su precio en el mercado internacional. Tras años de aplaudir intervenciones, exigir sanciones financieras y pedir a gritos el desembarco de tropas extranjeras en nombre de la libertad, la derecha venezolana puede al fin festejar: el líder del régimen de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el control mayoritario sobre 65 mil millones de barriles de petróleo en suelo venezolano, bajo la mirada de los títeres que instaló en el poder.
El anuncio, celebrado en Washington como el mayor acuerdo petrolero de la historia, deja al descubierto la verdadera naturaleza del interés norteamericano en la región. Durante décadas, los discursos oficiales de la Casa Blanca y los ecos de la oposición local se llenaron de palabras sobre instituciones, Derechos Humanos y el retorno del Estado de derecho.
Sin embargo, la factura final no se pagó con actas electorales ni con procesos democráticos, sino con barriles de crudo y concesiones a corporaciones privadas estadounidenses.
Para quienes defendieron que la injerencia extranjera traería prosperidad y soberanía, el resultado es una paradoja casi poética. El crudo que alimentó la retórica del patriotismo pasa ahora a las arcas de Washington para reduplicar sus reservas y bajar el precio de la gasolina en el mercado interno norteamericano.
La historia vuelve a confirmar una premisa conocida en la región: las intervenciones de Estados Unidos nunca responden a pretensiones altruistas ni al rescate de la democracia. El objetivo siempre fue el mismo, apropiarse de los recursos naturales de las naciones del sur.